El ajuste de Milei profundiza la crisis habitacional con la eliminación de programas clave

En el marco de su política de «achique del Estado», el gobierno de Javier Milei avanzó con la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda mediante el Decreto 70/2025, eliminando programas históricos de acceso a la vivienda. Según el oficialismo, “la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado”, reduciendo la intervención estatal.

La medida afecta directamente a tres fondos fiduciarios: el PROCREAR, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), este último en proceso de liquidación. El PROCREAR, creado bajo el Decreto 1018/2024, permitió a miles de familias acceder a créditos para viviendas únicas familiares y financió proyectos de barrios populares junto a sindicatos y municipalidades. Sin embargo, el gobierno argumentó su cierre por supuestas “demoras en la entrega de viviendas y falta de condiciones de habitabilidad”, según una auditoría de la SIGEN.

Además, la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), liderada por Sebastián Pareja, y la Dirección Nacional de Arquitectura fueron transferidas a la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. La transición se realizará mediante una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET), aunque organizaciones sociales advierten sobre el desmantelamiento de políticas públicas.

La Casa Rosada defendió la medida afirmando que “el Gobierno Nacional está cambiando el modelo de la corrupción de sueños compartidos por el modelo del crédito privado y la libertad”, en alusión a programas como los impulsados por las Madres de Plaza de Mayo.