El Gobierno busca dilatar el conflicto con la UTA y anticipa un mes de tensión en el transporte

El fantasma de un nuevo conflicto en el transporte público vuelve a sobrevolar el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este martes, a las 12:00 del mediodía, las autoridades de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), las cámaras empresariales y funcionarios de la Secretaría de Trabajo volverán a verse las caras para reabrir la discusión paritaria de los choferes de colectivos. Sin embargo, en los despachos oficiales ya se anticipa un mes de alta conflictividad y nulas chances de un entendimiento inmediato.
 

La tensión, que venía escalando de forma subterránea, salió a la superficie hace una semana cuando el sindicato liderado por Roberto Fernández advirtió sobre el fin de la tregua pactada en enero pasado. Los trabajadores reclaman una recomposición salarial que compense la inflación acumulada del segundo trimestre del año, dado que los haberes se encuentran paralizados desde mayo. El salario básico de un chofer se mantiene congelado en $1.574.000 desde abril, tras un esquema de incrementos graduales que sumó apenas un 4% en tres tramos.
 

El escenario para la audiencia de este martes es adverso: la propuesta patronal será del 0%. Los empresarios argumentan una imposibilidad fáctica de indexar salarios sin una contrapartida estatal. “Nosotros podemos proponer aumentos en base a los fondos de más que tengamos. Si no hay guita de más, que es lo que viene pasando hace años, no podemos ofrecer lo que no se tiene”, resumió con crudeza uno de los empresarios que asiste habitualmente a las negociaciones.
 

La estrategia oficial: estirar los plazos

En la previa del encuentro, el secretario de Transporte, Mariano Plencovich, mantuvo una reunión clave con las cámaras del sector para delinear la hoja de ruta. La directiva política fue clara: dilatar el conflicto hasta el punto máximo para ganar, al menos, un mes de tiempo. “No vamos a intervenir hasta la última instancia. No tenemos apuro en absoluto”, les transmitieron los funcionarios a las empresas.
 

Detrás de esta postura rígida se esconde la encrucijada fiscal del Palacio de Hacienda. Para la gestión de Javier Milei, convalidar un aumento salarial en el sector implica únicamente dos caminos: autorizar una nueva suba en el precio del pasaje o ampliar las partidas de subsidios. El ministro de Economía, Luis Caputo, rechaza ambas opciones por el impacto inflacionario de la primera y el daño al superávit fiscal de la segunda. Ante esto, la apuesta es el desgaste.

El cálculo de Transporte: En el Gobierno prevén que habrá entre 5 y 6 convocatorias fallidas antes de que el gremio decida huelgas. Una vez declarada la medida de fuerza, Trabajo dictará la conciliación obligatoria, activando un período de 15 días hábiles. De esta forma, el Ejecutivo proyecta estirar la definición hasta mediados de julio.
 

Pasajeros como rehenes de un sistema en reforma

“De aquí a mediados de julio todo va a ser fuegos de artificio; ellos piden y nosotros no tenemos qué ofrecer”, reconoció un intermediario que camina los pasillos oficiales, dando por descontado que las próximas semanas estarán marcadas por la incertidumbre para millones de usuarios que utilizan el servicio diariamente. Se trata de un público golpeado que ya debió tolerar recortes de frecuencias hace apenas dos meses.
 

Mientras se juega la pulseada salarial, la Secretaría de Transporte avanza en paralelo con un plan de reestructuración de fondo. El Gobierno busca implementar un cambio total en el esquema de subsidios y en el entramado de líneas del AMBA, lo que incluiría profundas modificaciones en los recorridos y trayectos actuales del sistema de colectivos.
 

Con información de El Destape