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Viernes 19 de junio de 2026 | Santiago del Estero, Argentina
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Viernes 19 de junio de 2026
El Gobierno nacional dio un paso definitivo en la radicalización de su política migratoria. A través de la Resolución 551/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad oficializó la puesta en marcha del Programa de Seguridad Migratoria. La iniciativa le otorga "carta blanca" a todas las fuerzas de seguridad federales para realizar tareas de inteligencia, persecución, detención y deportación de cualquier extranjero o turista bajo sospecha de irregularidad documental.
La medida formaliza y le da estatus institucional a un lineamiento de trabajo que ya se venía implementando de hecho, fuertemente inspirado en el modelo del ICE (Immigration and Customs Enforcement) de los Estados Unidos y en las políticas de deportación masiva promovidas por Donald Trump. Semanas atrás, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ya había manifestado públicamente su alineamiento con este esquema, promocionando en redes sociales las expulsiones de extranjeros acusados de delitos o sin papeles en regla.
El núcleo del nuevo programa radica en la creación de Unidades de Seguridad Migratoria dentro de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Estas divisiones operarán en los hechos como una "policía auxiliar" de la Dirección Nacional de Migraciones.
De acuerdo al texto oficial, las nuevas unidades tendrán entre sus funciones principales:
Tareas de prevención y mantenimiento del orden público en áreas de control migratorio.
Detección, inteligencia e investigación de supuestos "ilícitos migratorios".
Despliegue operativo tanto en pasos fronterizos como en cualquier dependencia o punto del territorio nacional.
Para ello, se capacitará al personal jerárquico y de calle en técnicas operativas conjuntas con inspectores y analistas migratorios, ampliando el margen de discrecionalidad para las detenciones en la vía pública.
La institucionalización de este esquema representa un desafío abierto del gobierno de Javier Milei a los diversos sectores civiles y religiosos que venían alertando sobre los riesgos humanitarios de copiar el modelo del ICE —un organismo severamente cuestionado en EE.UU. por violaciones a los derechos humanos y que actualmente genera tensiones logísticas de cara a la organización del Mundial de Fútbol—.
Uno de los reparos más contundentes provino de la Iglesia Católica argentina. Durante el Tedeum del pasado 25 de Mayo, y tras un encuentro nacional de obispos, la institución advirtió que estos operativos "parecieran responder más a una estrategia de comunicación política que a la acción de un Estado garante de derechos". Desde el Episcopado señalaron que las nuevas trabas burocráticas generan un "temor constante a la expulsión", lo que termina obstaculizando el acceso de los migrantes a derechos básicos como la salud, la educación, el trabajo digno y el documento de identidad.
"La incertidumbre en los procesos de regularización y el cambio de categorías generan un temor constante a la expulsión".
— Documento del Encuentro Nacional de Obispos.
Lejos de atender los reclamos, el Ejecutivo blindó la resolución recurriendo a la narrativa tradicional de los sectores de extrema derecha, que vinculan de manera directa la inmigración con la delincuencia organizada.
En los considerandos de la normativa, el Ministerio de Seguridad justifica el despliegue de las fuerzas bajo el argumento de que existen "movimientos migratorios" de carácter irregular donde se "infiltran" organizaciones criminales. Bajo esta premisa, el texto oficial concluye que la presencia de extranjeros sin la documentación al día constituye, por sí misma, una "amenaza para la seguridad nacional", abriendo la puerta a un escenario de mayor estigmatización y vulnerabilidad para las comunidades de migrantes en el país, especialmente aquellas provenientes de naciones limítrofes.
Con información de Página 12
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