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Jueves 2 de julio de 2026
La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves el decomiso de $684.990.350.139,86 que deberán afrontar solidariamente la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez y los demás condenados en la causa conocida como "Vialidad". La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron por inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por las defensas.
Con esta resolución, el máximo tribunal confirmó la actualización del monto originalmente fijado por el Tribunal Oral Federal N° 2, que en la sentencia condenatoria había establecido un decomiso de $84.835 millones por el perjuicio ocasionado al Estado, con la previsión de que esa cifra sería ajustada una vez que la condena quedara firme. La actualización, realizada sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025, elevó el monto a casi 685 mil millones de pesos.
La defensa de Cristina Kirchner, integrada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, cuestionó el criterio utilizado para actualizar el decomiso al sostener que el monto inicial era provisorio. En tanto, la defensa de Lázaro Báez planteó que esa etapa del proceso debía tramitar ante el Tribunal Oral Federal N° 4, debido a la condena que el empresario registra en la causa conocida como "La ruta del dinero". Ambos planteos fueron desestimados por la Corte.
La causa Vialidad tuvo su sentencia el 6 de diciembre de 2022, cuando el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en relación con 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz. También fueron condenados Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y otros exfuncionarios.
Con el rechazo de los recursos, la Corte dejó firme el monto actualizado del decomiso y ratificó las decisiones adoptadas por las instancias anteriores. De esta manera, los condenados deberán responder de manera solidaria por una suma que supera los 684.990 millones de pesos, destinada a resarcir el daño económico ocasionado al Estado en una de las causas de corrupción más relevantes de la historia judicial argentina.
Con información de El Destape
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