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Lunes 6 de julio de 2026
El presidente Javier Milei fue denunciado ante la Justicia Federal por haber autorizado, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el ingreso de tropas de los Estados Unidos al país para participar de los ejercicios militares "Daga Atlántica" y "PASSEX", sin la autorización previa del Congreso de la Nación. La presentación fue impulsada por el diputado nacional Juan Marino (Unión por la Patria), quien también incluyó entre los acusados al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, al ministro de Defensa Carlos Presti, al canciller Pablo Quirno y al exsecretario de Comunicación Javier Lanari.
Según la denuncia, el DNU N° 264/2026 vulnera la Constitución Nacional, ya que el artículo 75, inciso 28, establece que corresponde exclusivamente al Congreso autorizar el ingreso de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales del territorio. Además, el escrito sostiene que la Ley 25.880 impide que este tipo de decisiones sean adoptadas por decreto. Marino afirmó que el Gobierno actuó "a espaldas del Congreso" para evitar el debate parlamentario y acusó al oficialismo de subordinar la política de defensa argentina a la estrategia militar del presidente estadounidense Donald Trump.
La denuncia, patrocinada por el constitucionalista Eduardo Barcesat, atribuye al Presidente y a los demás funcionarios los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, traición a la patria —por considerar que los hechos afectarían la independencia y la integridad nacional— y una eventual revelación de secretos militares. Los ejercicios cuestionados se desarrollaron durante 42 días en bases de Buenos Aires y Córdoba con la participación de más de 350 efectivos bajo doctrina y mando estadounidense.
Las críticas también fueron respaldadas por otros referentes de la oposición. La vicepresidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Agustina Propato, sostuvo que el Gobierno intenta "flexibilizar" el ingreso de tropas extranjeras mediante decretos y advirtió que aún no remitió al Congreso el programa anual de ejercicios militares, como exige la normativa vigente. A su vez, recordó que el oficialismo ya había utilizado un DNU para autorizar maniobras similares mientras el tema permanecía sin tratamiento parlamentario, situación que, según afirmó, "compromete seriamente la soberanía nacional".
Por su parte, el exministro de Defensa Agustín Rossi calificó la decisión de Milei como "ilegal" y la vinculó con el alineamiento del Gobierno con la política exterior de Estados Unidos. Según explicó, este tipo de ejercicios debería contar con autorización legislativa y algunos de ellos incluso resultarían incompatibles con la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior. La denuncia presentada por Marino se suma a un pedido de juicio político y a otros reclamos parlamentarios impulsados por la oposición, mientras el Ejecutivo aún no respondió diversos pedidos de informes y solicitudes de acceso a la información pública relacionados con la autorización de estas maniobras militares.
Imagen: Web
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