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Viernes 10 de julio de 2026
Un grave episodio de violencia digital de género sacude a la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires. La Justicia investiga la presunta creación, difusión y comercialización de imágenes falsas de alumnas desnudas, generadas mediante inteligencia artificial, en las que estarían involucrados estudiantes de segundo año del Colegio Superior de Comercio Carlos Pellegrini y, según las primeras denuncias, también alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires.
Las presentaciones judiciales fueron radicadas ante la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad, luego de que se detectara la circulación de las imágenes adulteradas entre estudiantes. Los adolescentes involucrados tienen entre 13 y 14 años.
El caso provocó una profunda conmoción entre docentes, familias y estudiantes, al tiempo que volvió a poner en el centro de la escena el impacto del uso de la inteligencia artificial para vulnerar la intimidad de las personas y ejercer violencia de género en entornos escolares.
Especialistas en Educación Sexual Integral (ESI) sostienen que este tipo de hechos no puede abordarse únicamente desde una lógica punitiva. La capacitadora Lili Maltz advirtió que los adolescentes atraviesan una creciente soledad y que resulta imprescindible fortalecer el acompañamiento de las familias y de las instituciones educativas. En ese sentido, remarcó la necesidad de generar espacios de diálogo sobre consentimiento, respeto por la intimidad, vínculos saludables y uso responsable de las tecnologías.
Desde distintos sectores educativos también señalaron que la problemática excede el hecho puntual y refleja fenómenos más amplios, como la naturalización de la misoginia, la cosificación de las mujeres y la violencia que circula cotidianamente en las redes sociales.
Por su parte, la abogada penalista Claudia Cesaroni consideró que la intervención judicial no debe reemplazar el trabajo pedagógico de las escuelas. Si bien recordó que la difusión de este tipo de contenidos puede constituir un delito, advirtió que la reducción de la edad de punibilidad, prevista para entrar en vigencia en septiembre, trasladará cada vez más conflictos escolares al ámbito penal, cuando muchas veces requieren procesos de reparación, educación y reflexión colectiva.
En la misma línea se expresó Laura Sánchez, madre de Ema Bondaruk, la adolescente de 15 años que en 2024 se quitó la vida tras sufrir violencia digital de género. Impulsora de la denominada "Ley Ema", sostuvo que la prioridad debe ser proteger y reparar a las víctimas, ofreciendo acompañamiento psicológico, asesoramiento legal y medidas concretas para garantizar su bienestar dentro de la comunidad educativa.
La propuesta legislativa también plantea responsabilizar educativamente a quienes ejercen estas violencias mediante talleres sobre consentimiento, masculinidades, violencia digital y derechos, promoviendo acciones de reparación antes que respuestas exclusivamente sancionatorias.
Tanto el Colegio Carlos Pellegrini como el Colegio Nacional de Buenos Aires emitieron comunicados institucionales y comenzaron reuniones con las familias para abordar la situación. Mientras avanza la investigación judicial, la comunidad educativa enfrenta el desafío de contener a las víctimas, prevenir nuevos episodios y construir herramientas para responder a una problemática cada vez más frecuente en la era digital.
El caso volvió a instalar un debate urgente sobre el impacto de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, la responsabilidad de las plataformas y la necesidad de fortalecer la educación digital para prevenir nuevas formas de violencia entre adolescentes.
Imagen: Ámbito.com
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