El petróleo vuelve a poner a Malvinas en el centro de la agenda política

El Gobierno nacional dio un giro en su posicionamiento sobre la cuestión Malvinas al volver a destacar la importancia del reclamo de soberanía en los organismos multilaterales, una postura que contrasta con declaraciones anteriores del presidente Javier Milei y que se produce en un contexto de creciente sensibilidad pública sobre el tema.
 

El cambio quedó plasmado en una columna de opinión publicada por el canciller Pablo Quirno, quien reivindicó los recientes pronunciamientos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, ambos favorables a la reanudación de las negociaciones entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas.
 

La nueva postura representa un cambio respecto del discurso sostenido por Milei durante el acto por el 2 de Abril de 2025, cuando había planteado que la decisión sobre la soberanía debía quedar en manos de los habitantes de las islas. En su reciente publicación, Quirno dejó de lado ese enfoque y volvió a respaldar la histórica estrategia diplomática argentina basada en las resoluciones de la ONU que promueven una negociación bilateral entre ambos países.
 

El reposicionamiento oficial también fue respaldado públicamente por el vocero presidencial, Adrián Ravier, y ocurre en la antesala del encuentro deportivo entre las selecciones de Argentina e Inglaterra, en un momento en que la causa Malvinas recuperó protagonismo en el debate público.
 

El proyecto petrolero, en el centro de la polémica

Uno de los ejes de la nueva estrategia diplomática es la denuncia sobre el avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado en la Cuenca Norte de Malvinas por las compañías Rockhopper Exploration, de capital británico, y Navitas Petroleum, de origen israelí.
 

Según la Cancillería, el emprendimiento se desarrolla sobre licencias otorgadas por las autoridades británicas en las islas, sin autorización del Estado argentino, lo que —sostiene el Gobierno— vulnera resoluciones de Naciones Unidas que prohíben decisiones unilaterales sobre recursos naturales en territorios cuya soberanía permanece en disputa.
 

El proyecto contempla una inversión inicial cercana a los 1.800 millones de dólares y prevé comenzar la producción de petróleo en 2028, con una extracción estimada de 55.000 barriles diarios en una primera etapa y una eventual expansión hasta los 180.000 barriles por día.
 

Especialistas advierten que el desarrollo de estos yacimientos podría fortalecer la autosuficiencia económica de las islas y consolidar la presencia británica en el Atlántico Sur, un escenario considerado estratégico tanto por sus recursos energéticos como por su ubicación geopolítica.
 

Críticas por la política exterior

El cambio de discurso también generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y diplomáticos. Exfuncionarios y especialistas señalaron que el acercamiento del Gobierno argentino a Estados Unidos e Israel convive con el hecho de que ambos países mantienen posiciones favorables al Reino Unido en los foros internacionales vinculados a la disputa por Malvinas.
 

En ese contexto, también se recordó que la legislación argentina prohíbe la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización del Estado nacional, normativa bajo la cual varias empresas vinculadas al proyecto Sea Lion fueron declaradas ilegales durante la gestión anterior.
 

Mientras tanto, el Gobierno de Tierra del Fuego impulsó denuncias contra Navitas Petroleum ante organismos reguladores de Israel por presuntas irregularidades en la información suministrada a inversores respecto de los riesgos legales y diplomáticos del emprendimiento.
 

Con este giro diplomático, la administración de Javier Milei busca reinstalar el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas en la agenda internacional, aunque persisten interrogantes sobre el alcance de esa estrategia y sobre las acciones concretas que adoptará frente al avance de los proyectos de explotación petrolera en el Atlántico Sur.

Imagen: Perfil