El Gobierno impulsa una reforma que habilita la compra sin límites de tierras por capitales extranjeros

El Gobierno nacional buscará avanzar en el Senado con la aprobación del proyecto de ley denominado "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", una iniciativa que introduce profundas modificaciones al régimen de propiedad en la Argentina y que abrió un fuerte debate político por sus implicancias sobre la soberanía territorial, el acceso a la tierra y la protección ambiental.
 

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la eliminación de las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras. De aprobarse la iniciativa, desaparecerían los límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011, que regula la adquisición de inmuebles rurales por capitales extranjeros.
 

Desde el Gobierno, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió la propuesta al sostener que la legislación vigente "criminalizó la compra de tierras por parte de extranjeros" y afirmó que la reforma busca brindar mayores garantías a la propiedad privada y fomentar las inversiones.
 

Sin embargo, especialistas en derecho agrario y organizaciones vinculadas al estudio del territorio rechazaron esa interpretación. Desde el Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sostuvieron que la ley actual no prohíbe la compra de tierras por extranjeros, sino que únicamente establece límites para evitar una concentración excesiva de superficies estratégicas en manos de capitales foráneos.
 

Según datos difundidos por ese organismo, actualmente los extranjeros poseen alrededor del 5% de las tierras rurales del país, mientras que la normativa vigente permite que ese porcentaje alcance hasta el 15%, equivalente a cerca de 40 millones de hectáreas.
 

Los especialistas advirtieron que eliminar esos límites podría facilitar la concentración de territorios donde existen importantes reservas de litio, hidrocarburos, minerales críticos, recursos hídricos y corredores estratégicos, especialmente en regiones cordilleranas y de frontera.
 

Debate en el Senado

La discusión parlamentaria se desarrolla en un escenario de fuerte disputa política. Mientras el oficialismo intenta reunir los votos necesarios para aprobar el proyecto, el bloque peronista trabaja para bloquear específicamente el capítulo referido a la extranjerización de la tierra.
Desde la oposición sostienen que la iniciativa representa un avance sobre el patrimonio nacional y favorece el ingreso irrestricto de grandes fondos de inversión y capitales extranjeros en sectores considerados estratégicos para el desarrollo del país.
 

Cambios en expropiaciones y desalojos

El proyecto también introduce modificaciones al régimen de expropiaciones. Entre otros aspectos, endurece las condiciones para que el Estado pueda declarar de utilidad pública un bien privado y establece que la indemnización deberá abonarse íntegramente antes de tomar posesión del inmueble, incluyendo compensaciones por eventuales ganancias dejadas de percibir por el propietario.
 

Además, incorpora un mecanismo de restitución anticipada de inmuebles que permitiría acelerar procesos de desalojo cuando un juez considere acreditado, de manera preliminar, el derecho del reclamante. Solo contempla un plazo especial de diez días para familias con niños, personas con discapacidad o adultos mayores que no cuenten con otra alternativa habitacional.
 

Modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego

Otro de los puntos cuestionados es la reforma de la Ley de Manejo del Fuego. La iniciativa elimina las restricciones que impedían modificar durante décadas el destino de los terrenos afectados por incendios, una herramienta creada para desalentar la quema intencional con fines inmobiliarios o productivos.
 

Con el nuevo esquema, quedarían sin efecto las prohibiciones que impedían desarrollar emprendimientos inmobiliarios, agrícolas o ganaderos sobre tierras incendiadas, una modificación que organizaciones ambientalistas consideran un retroceso en materia de protección de los bosques nativos.
 

El proyecto forma parte del paquete de reformas impulsado por el Gobierno nacional en materia económica e institucional y promete convertirse en uno de los debates más intensos de la agenda legislativa, en medio de posiciones encontradas sobre el alcance de las medidas y su impacto en la soberanía, la propiedad privada y la gestión de los recursos naturales del país.
 

Imagen: El País