Pax Silica: el Congreso exige respuestas por el acuerdo secreto que el Gobierno firmó con Estados Unidos

La incorporación de la Argentina al acuerdo internacional Pax Silica (Paz Silicio), impulsado por Estados Unidos para asegurar el abastecimiento de minerales críticos, semiconductores e inteligencia artificial, abrió una fuerte controversia política. La adhesión, concretada por la Cancillería el pasado 27 de junio mediante la firma del embajador argentino Alec Oxenford, se realizó sin intervención del Congreso, lo que motivó un pedido de informes del diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).
 

Ferraro cuestionó que el Gobierno avanzara sin brindar información al Parlamento y reclamó que se expliquen las condiciones, beneficios y compromisos asumidos por el país. Además, solicitó que se determine si el acuerdo constituye un tratado internacional que, de acuerdo con la Constitución Nacional, deba contar con aprobación legislativa. También advirtió que se desconoce si las provincias, propietarias de los recursos naturales, fueron consultadas antes de la adhesión.
 

Pax Silica reúne a países como Australia, Alemania, Japón, India, Israel, Corea del Sur, Reino Unido y la Unión Europea, entre otros, con el objetivo de fortalecer una cadena de suministro tecnológica liderada por Estados Unidos como contrapeso al avance de China en sectores estratégicos. Sin embargo, en Argentina surgieron cuestionamientos por el riesgo de que el país quede limitado al rol de proveedor de litio, cobre y otros minerales críticos, mientras el desarrollo industrial y tecnológico permanezca en manos de las potencias.
 

Durante el debate legislativo del denominado Super RIGI, el diputado Agustín Rossi sostuvo que el acuerdo plantea un dilema estratégico para el país: desarrollar tecnología propia y agregar valor a sus recursos o consolidarse como un simple abastecedor de materias primas. En la misma línea, distintos sectores de la oposición advirtieron que la adhesión profundiza la dependencia de los intereses geopolíticos de Estados Unidos.
 

Las críticas se suman a otros proyectos impulsados por el Gobierno nacional, como la reforma de la Ley de Tierras. La senadora Teresa García sostuvo que ambas iniciativas forman parte de una estrategia que compromete el control nacional sobre recursos estratégicos y cuestionó a los gobernadores que respalden estas medidas, al considerar que podrían afectar la soberanía sobre territorios, reservas de agua y minerales de importancia estratégica.

Imagen: Redes