Pino defendió la flexibilización de la Ley de Tierras y reavivó la polémica por la venta de campos a capitales extranjeros

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, defendió las modificaciones que el Gobierno nacional impulsa sobre la Ley de Tierras Rurales y sostuvo que "no le podés prohibir a nadie que pueda vender su tierra". Sus declaraciones, realizadas durante una entrevista en la Exposición Rural de Palermo, reavivaron el debate sobre el proyecto oficial que habilita una mayor apertura a la adquisición de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
 

Como uno de sus principales argumentos, Pino afirmó que "la gran mayoría de los pobladores eran inmigrantes", en una comparación que despertó críticas por equiparar las corrientes migratorias históricas con la compra de tierras por capitales extranjeros. Sin embargo, la legislación vigente ya contempla excepciones para extranjeros con residencia permanente, hijos argentinos o matrimonio con ciudadanos argentinos, por lo que no impide de manera absoluta el acceso a la propiedad rural.
 

El dirigente ruralista también sostuvo que "no es que se va a venir, comprar y se van a llevar un pedazo de tierra", aunque sus detractores remarcan que el eje del debate no pasa por el traslado físico de los inmuebles, sino por el control de recursos naturales estratégicos y el impacto que puede tener la extranjerización de grandes extensiones de territorio.
 

Durante la entrevista, Pino expresó además inquietudes sobre la Patagonia y mencionó el caso de fondos que adquieren campos para luego destinarlos a parques nacionales o áreas de conservación. También hizo referencia a los problemas que, según dijo, enfrentan productores ovinos por la presencia de fauna silvestre en campos que dejan de utilizarse para la producción. No obstante, esos planteos no forman parte del contenido del proyecto que el oficialismo busca aprobar.
 

El proyecto, elaborado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y negociado políticamente por la senadora Patricia Bullrich, será tratado nuevamente en el Congreso el próximo 6 de agosto. Entre sus principales cambios, elimina las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y deroga la prohibición de adquirir inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera, un punto que concentra las principales críticas de sectores de la oposición, organizaciones campesinas, académicos y sindicatos, que advierten sobre los riesgos para la soberanía territorial y el control de áreas estratégicas.
 

Con información de Página 12