Crece la polémica por la ley de Milei que refuerza la propiedad privada y abre un fuerte debate sobre el control de las tierras

El Gobierno de Javier Milei enfrentará la próxima semana un debate clave en el Senado con el tratamiento del proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", una iniciativa que modifica la Ley de Tierras, el régimen de expropiaciones y los procedimientos de desalojo. Mientras el oficialismo sostiene que busca brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones, organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos advierten que la reforma consolida un modelo que prioriza la propiedad privada por encima de otros derechos constitucionales.
 

Entre los puntos más cuestionados figura la eliminación de los límites a la extranjerización de las tierras rurales. Desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) aseguran que el proyecto debilita las facultades regulatorias del Estado y fortalece la posición de grandes capitales extranjeros, además de encarecer las expropiaciones para obras públicas y reducir la protección sobre territorios afectados por incendios u otros conflictos ambientales.
 

Las críticas también apuntan al impacto que la iniciativa tendría sobre comunidades indígenas, familias campesinas y pequeños productores, especialmente en provincias donde existen disputas por tierras vinculadas a proyectos mineros, agropecuarios y energéticos. Organizaciones como el CELS y la FARN sostienen que el nuevo esquema deja en una situación de mayor vulnerabilidad a quienes ocupan históricamente esos territorios y limita la capacidad del Estado para mediar en esos conflictos.
 

El proyecto además introduce cambios que podrían acelerar los desalojos urbanos y endurecer las condiciones para los inquilinos, en un contexto de creciente crisis habitacional. Según especialistas, la reducción de plazos para rescindir contratos e iniciar procesos judiciales fortalece la posición de los propietarios y profundiza el giro hacia una menor intervención estatal en materia de vivienda.
 

Con inversiones estratégicas en marcha en regiones como la cuenca del Paraná, el NOA y Vaca Muerta, la discusión trasciende el plano legislativo. Para las organizaciones que rechazan la iniciativa, el Senado definirá mucho más que una reforma legal: pondrá en juego el modelo de desarrollo, el control sobre los recursos naturales y el alcance que tendrá el Estado para proteger los derechos colectivos frente al avance de los grandes intereses económicos.

Imagen: La Política Ambiental