La Casa Rosada retrocede para salvar la reforma de la Ley de Tierras, pero mantiene el corazón del proyecto

El Gobierno nacional atraviesa una de las negociaciones parlamentarias más complejas desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La creciente resistencia política y social a la reforma de la Ley de Tierras dejó al oficialismo sin los votos necesarios para garantizar su aprobación en el Senado y obligó a la Casa Rosada a rediseñar su estrategia. Mientras busca convencer a los bloques dialoguistas con modificaciones de último momento, también evalúa volver a postergar la sesión prevista para esta semana.
 

La encargada de encabezar la ofensiva política será la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien este martes presentará públicamente una nueva versión del proyecto con el objetivo de transmitir que el Gobierno escuchó las objeciones y aceptó introducir límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Sin embargo, detrás de esos retoques, el Ejecutivo mantiene intacta la esencia de la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger: reemplazar el actual sistema de restricciones generales por un régimen considerablemente más flexible.
 

La reforma elimina varios de los principales controles establecidos por la legislación vigente. Entre ellos, desaparece la prohibición para que extranjeros adquieran tierras ribereñas de grandes cuerpos de agua, se elimina el límite máximo de superficie que podía concentrar un mismo propietario extranjero y también desaparece el cupo por nacionalidad que impedía que un solo país concentrara una porción significativa de las tierras extranjerizadas. En su lugar, el proyecto establece únicamente cuatro restricciones específicas, entre ellas un límite general del 25% por provincia y controles para operaciones en zonas de seguridad de frontera.
 

Precisamente ese cambio conceptual es el que despertó la mayor controversia. Gobernadores, organizaciones sociales, sectores de la Iglesia y legisladores de distintos espacios políticos advirtieron que la iniciativa implica un giro profundo en la política de protección del territorio nacional y podría facilitar un proceso de extranjerización de las tierras rurales. Las diferencias también alcanzaron a la Unión Cívica Radical, cuyo Comité Nacional rechazó públicamente el proyecto, aunque varios de sus senadores mantienen negociaciones con el oficialismo y aún no definieron su voto.
 

Con el escenario parlamentario abierto y los apoyos todavía lejos de estar asegurados, el Gobierno analiza postergar nuevamente el tratamiento de la iniciativa hasta el 13 de agosto. La decisión reflejaría una realidad política incómoda para la Casa Rosada: pese a los cambios anunciados, el proyecto continúa generando resistencias porque modifica uno de los pilares de la legislación sancionada en 2011. La pulseada por la Ley de Tierras se transformó así en una nueva prueba para la capacidad del oficialismo de construir mayorías y sostener su agenda de desregulación en el Congreso.

Imagen: GN Noticias