La Ley de Tierras expone la fragilidad del poder libertario y amenaza con una derrota histórica en el Senado

La discusión de la nueva Ley de Tierras dejó de ser un debate legislativo para transformarse en el mayor test político que enfrenta Javier Milei desde su llegada a la Casa Rosada. Lo que comenzó como una de las principales apuestas del programa desregulador diseñado por Federico Sturzenegger amenaza ahora con convertirse en una derrota parlamentaria de alto impacto, capaz de exhibir la pérdida de capacidad del Gobierno para ordenar a sus propios aliados y sostener mayorías en el Congreso. El conflicto ya no gira únicamente en torno a la extranjerización de tierras, sino que expone la creciente debilidad del oficialismo para imponer su agenda.
 

La estrategia de último momento de Patricia Bullrich, quien anunció una modificación para fijar un límite del 25% a la propiedad extranjera, lejos estuvo de desactivar la crisis. La maniobra fue interpretada como un intento desesperado por salvar una iniciativa que ya nació políticamente herida. Ambientalistas, especialistas y bloques opositores sostienen que el cambio es apenas una concesión aparente, ya que elimina los límites departamentales y provinciales que hoy protegen zonas estratégicas con recursos naturales, permitiendo una concentración de tierras extranjeras en regiones clave sin vulnerar el nuevo techo nacional.
 

Pero el verdadero problema del Gobierno es político. La resistencia ya perforó el muro de los aliados. La UCR, con el respaldo del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y el presidente partidario Leonel Chiarella, endureció su posición y advirtió que la iniciativa compromete la soberanía nacional. A esa postura se suman gobernadores tradicionalmente dialoguistas como Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Ignacio Torres, Hugo Passalacqua e incluso Rolando Figueroa, uno de los mandatarios provinciales más cercanos a la Casa Rosada, quien impulsa en Neuquén una legislación para proteger las tierras provinciales, exactamente en sentido contrario al proyecto libertario. El mensaje político es contundente: el respaldo territorial que permitió al Gobierno sostener buena parte de sus reformas comienza a resquebrajarse cuando la agenda afecta intereses provinciales y recursos estratégicos.
 

En ese contexto, también quedó expuesta la interna del oficialismo. Patricia Bullrich asumió el costo político de negociar un proyecto cada vez más cuestionado por pedido de Karina Milei, mientras Victoria Villarruel observa el proceso desde el Senado sin ocultar sus diferencias con el círculo más cercano al Presidente. En los pasillos del Congreso ya se especula con un escenario de empate que obligaría a la vicepresidenta a definir con su voto una ley que divide incluso al oficialismo. La posibilidad de que Villarruel quede frente a la disyuntiva de rescatar o hundir una iniciativa impulsada por la Casa Rosada refleja el grado de deterioro de la relación entre ambas conducciones del poder libertario.
 

Más allá del resultado parlamentario, el debate por la Ley de Tierras marca un punto de inflexión para el Gobierno. Si el proyecto es rechazado, Javier Milei no solo sufrirá una derrota legislativa: quedará demostrado que el liderazgo construido sobre la confrontación y la presión permanente encuentra límites cuando confluyen gobernadores, bloques aliados y sectores de la oposición en defensa de intereses estratégicos. El episodio podría inaugurar una nueva etapa política, en la que el oficialismo deje de imponer condiciones y pase a negociar desde una posición de mayor debilidad, justo cuando las encuestas comienzan a reflejar un desgaste creciente de la gestión y una oposición con mayor capacidad de articulación.

Imagen: Sur 24