Milei y la confrontación con las universidades: una estrategia política que busca consolidar su núcleo duro

Las declaraciones de Javier Milei, al afirmar que en las universidades conviven "terroristas disfrazados de estudiantes, periodistas y profesores", exceden ampliamente el terreno de la polémica verbal. Se inscriben dentro de una estrategia política cuidadosamente construida desde el inicio de su gestión: gobernar a partir de la confrontación permanente con aquellas instituciones que poseen capacidad de cuestionar, controlar o condicionar el avance de su programa político y económico.
 

La universidad pública ocupa un lugar central en esa disputa. No solamente porque fue uno de los principales focos de resistencia frente al ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno, sino porque constituye uno de los espacios de mayor legitimidad social, producción científica y formación de opinión crítica. Desde las multitudinarias marchas universitarias hasta los reclamos judiciales por el financiamiento del sistema, las casas de altos estudios se transformaron en uno de los principales actores de oposición institucional a las políticas libertarias.
 

En ese contexto, la construcción de un enemigo interno aparece como un recurso político funcional al discurso oficial. Al asociar a docentes, investigadores y estudiantes con el terrorismo o con organizaciones ideológicas infiltradas, el Gobierno desplaza el debate sobre el desfinanciamiento universitario hacia un terreno simbólico e identitario. La discusión deja de ser presupuestaria para convertirse en una batalla cultural donde el oficialismo busca presentar a las universidades como espacios dominados por una supuesta élite ideológica enfrentada al mandato popular que llevó a Milei a la Casa Rosada.
 

Esta estrategia no se limita al ámbito académico. Durante los últimos meses, el Presidente ha mantenido conflictos abiertos con el Poder Judicial cuando falló contra decisiones del Ejecutivo; con el Congreso cuando rechazó iniciativas oficiales; con los gobernadores por la distribución de recursos; con periodistas a quienes acusa sistemáticamente de operar políticamente; con sindicatos, organismos de derechos humanos, científicos del CONICET e incluso con sectores empresariales que cuestionan aspectos de su programa económico. El denominador común es la deslegitimación del interlocutor antes que la búsqueda de consensos.
 

Desde la lógica libertaria, la confrontación cumple además una función electoral. En un escenario de creciente complejidad económica, desaceleración del apoyo social y dificultades para construir mayorías parlamentarias, la polarización vuelve a convertirse en el principal instrumento para mantener cohesionada a la base electoral más fiel. Cada conflicto alimenta el relato de un Presidente que, según su propia narrativa, enfrenta a una "casta" ampliada que ya no está integrada únicamente por la dirigencia política tradicional, sino también por universidades, medios de comunicación, jueces, sindicatos y sectores de la cultura.
 

Sin embargo, esta dinámica también implica riesgos institucionales. Cuando las diferencias políticas dejan de expresarse mediante el debate democrático y pasan a formularse mediante descalificaciones que presentan al adversario como un enemigo o una amenaza para la Nación, se deterioran los canales de diálogo entre el Gobierno y actores fundamentales de la vida democrática. El comunicado de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA apunta precisamente a ese aspecto: no centra únicamente su rechazo en la ofensa hacia la comunidad universitaria, sino en la preocupación por la naturalización de un lenguaje que, según advierte, debilita la convivencia democrática y reabre categorías históricamente asociadas a los períodos más oscuros de la Argentina.
 

En términos políticos, el conflicto con las universidades difícilmente quede circunscripto a una controversia discursiva. La discusión por el financiamiento del sistema universitario, las decisiones judiciales adversas al Ejecutivo y la resistencia de la comunidad académica anticipan que este frente continuará siendo uno de los principales escenarios de disputa entre el Gobierno nacional y sectores con fuerte legitimidad institucional. Más que un episodio aislado, las declaraciones presidenciales parecen formar parte de una estrategia destinada a sostener la centralidad política de Milei mediante la confrontación permanente, aun cuando ello profundice la tensión con instituciones que constituyen pilares del sistema democrático argentino.

Imagen: AP