Desalojos exprés: el Senado aprobó una reforma que pone en jaque a los inquilinos

El acceso a la vivienda vuelve a quedar en el centro de la disputa política tras la media sanción que el Senado otorgó al proyecto denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, modifica las reglas para los desalojos y establece procedimientos más rápidos, generando fuertes cuestionamientos de organizaciones que defienden los derechos de los inquilinos.
 

Para reunir los 37 votos afirmativos frente a 33 negativos, el oficialismo debió retirar del proyecto los capítulos referidos a la Ley de Tierras Rurales y a la Ley de Manejo del Fuego. Sin embargo, permanecieron tres ejes centrales: la aceleración de los desalojos, modificaciones al régimen de expropiaciones y cambios destinados a agilizar la regularización dominial y los registros inmobiliarios.
 

Uno de los puntos más cuestionados es la incorporación de todos los juicios de desalojo al denominado “juicio sumarísimo”, que reduce los tiempos para contestar demandas, presentar pruebas y apelar. Según el análisis difundido por Inquilinos Agrupados, el nuevo esquema podría derivar en desalojos en plazos extremadamente breves, particularmente en aquellos casos donde no existan contratos escritos o comprobantes formales de pago.
 

El proyecto también contempla que un propietario pueda solicitar la entrega anticipada del inmueble cuando considere que el ocupante es un “tenedor precario”. Bajo determinadas condiciones, un juez podría disponer el desalojo antes de que exista una sentencia firme, mediante la denominada “caución juratoria”, mecanismo que desde las organizaciones de inquilinos consideran especialmente riesgoso.
 

Otro cambio sensible es la exclusión de la prueba testimonial en determinados procesos por falta de pago o vencimiento. Esto podría dejar en una situación de mayor vulnerabilidad a quienes abonan alquileres en efectivo y no cuentan con recibos o transferencias que permitan acreditar los pagos. La iniciativa también establece plazos reducidos cuando existan situaciones de deterioro del inmueble y contempla apenas diez días para buscar una alternativa habitacional cuando haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores, siempre que su presencia pueda acreditarse documentalmente.
 

Con media sanción, el proyecto fue girado a la Cámara de Diputados. Allí se definirá si avanza una reforma que sus críticos consideran un cambio profundo en el equilibrio entre propietarios e inquilinos, en un contexto marcado por la falta de una regulación específica que establezca garantías mínimas para quienes alquilan una vivienda.

Imagen: AG Noticias