Escándalo por una detención: acusan al Gobierno de perseguir por redes sociales

La gestión de Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación quedó nuevamente bajo cuestionamiento tras la detención de un hombre de 42 años en la ciudad cordobesa de Río Tercero, acusado de una presunta amenaza contra el Gobierno. El hombre fue trasladado a Villa María y liberado horas después, mientras la causa continúa abierta.
 

Según relató el propio detenido, días antes del procedimiento una persona que se presentó como integrante del Correo Argentino habría concurrido a su domicilio con la excusa de entregarle un paquete. Posteriormente, cuando fue a buscar a su esposa a su lugar de trabajo, fue interceptado por efectivos de la Policía Federal, quienes le comunicaron que tenían una orden de allanamiento y detención por supuestas amenazas al Gobierno.
 

El hombre aseguró que los agentes le mencionaron una amenaza de muerte contra una senadora a la que afirmó no conocer. Además, le secuestraron el teléfono celular para realizar peritajes y, según su relato, fue esposado, trasladado y luego liberado con disculpas de los propios efectivos. “Fue un episodio chocante”, sostuvo, mientras su madre calificó lo ocurrido como “de terror”.
 

El episodio genera interrogantes políticos sobre los mecanismos utilizados para investigar expresiones realizadas en redes sociales y sobre el límite entre la prevención de delitos y el derecho a la libertad de expresión. Más aún cuando el propio detenido aseguró haber votado por Javier Milei en 2023 y ahora se encuentra obligado a explicar públicamente una causa que todavía no fue cerrada.
 

Monteoliva, quien estuvo recientemente en Córdoba, no hizo referencia pública a la detención durante su actividad en la Bolsa de Comercio. En paralelo, la ministra enfrenta cuestionamientos por su manejo político y por las tensiones internas dentro del oficialismo cordobés, luego de versiones sobre una eventual candidatura legislativa para 2027 que habría generado malestar en sectores vinculados a Patricia Bullrich.
 

El caso de Río Tercero se suma así a una serie de episodios que colocan a la conducción de Seguridad bajo una creciente lupa política. Mientras la ministra busca consolidar su lugar dentro del armado libertario, los cuestionamientos por procedimientos policiales, inteligencia y disputas internas comienzan a convertirse en un problema que excede la gestión y golpea directamente al Gobierno nacional.

Con información de LPO / Imagen: Juan Casas