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Jueves 13 de agosto de 2026
La situación financiera de Flybondi sumó un nuevo capítulo crítico luego de que la Justicia ordenara embargar sus cuentas bancarias por una deuda tributaria que, con intereses, asciende a casi $1.500 millones. Las medidas fueron dictadas a partir de un reclamo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ante los juzgados federales en Ejecuciones Fiscales Tributarias Nº 1, 2 y 3.
El principal componente de la deuda corresponde a retenciones de Impuesto a las Ganancias por $915.238.669,21, a lo que se agregan $207.932.266,08 en retenciones de IVA y $133.298.772,02 vinculados a Bienes Personales. El capital reclamado alcanza los $1.256.469.707,31, mientras que, con el 15% solicitado en concepto de intereses, el monto asciende a $1.444.940.163,41. Las medidas son cautelares y buscan garantizar el cobro de los impuestos, por lo que no implican por sí mismas la suspensión de las operaciones de la compañía.
El frente laboral también se encuentra atravesado por fuertes cuestionamientos. A fines de abril, la empresa desvinculó a más de 700 trabajadores, entre despidos y acuerdos de retiro voluntario, pero, según los reclamos difundidos, todavía no habría abonado las indemnizaciones ni los acuerdos correspondientes. En paralelo, los alrededor de 300 empleados que permanecen en actividad denuncian que no cobraron los salarios de junio y julio ni el aguinaldo.
A este escenario se suman presuntas deudas con proveedores y obligaciones tributarias provinciales. Además, desde el 6 de agosto, la falta de pago de aportes habría dejado sin cobertura médica tanto a trabajadores activos como a empleados desvinculados, profundizando la crisis alrededor de la aerolínea.
Pese a este cuadro, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) mantiene habilitada a Flybondi para continuar operando y comercializando pasajes. La empresa acumuló en las últimas semanas numerosas cancelaciones de vuelos, aunque continúa ofreciendo boletos a través de su plataforma comercial.
Flybondi es propiedad desde mediados de 2025 del empresario Leonardo Scatturice, a quien distintos sectores políticos vinculan con el oficialismo nacional y con dirigentes del Partido Republicano estadounidense. El empresario también estuvo relacionado con gestiones que facilitaron la participación de Javier Milei en actividades políticas en Estados Unidos. El caso de Flybondi vuelve así a poner bajo la lupa la relación entre el poder económico, las regulaciones estatales y los controles sobre empresas que continúan prestando servicios pese a acumular importantes obligaciones fiscales y laborales.
Imagen: Clarin
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