La reforma laboral de Milei enfrenta un inesperado enemigo: ahora la cuestionan los empresarios

La reforma laboral del gobierno de Javier Milei comenzó a encontrar una resistencia inesperada en uno de los sectores que, en principio, debía ser uno de sus principales beneficiarios: el empresariado. A las críticas de distintas cámaras comerciales se sumó la Unión Industrial Argentina (UIA), donde dirigentes y abogados reconocieron que algunas de las medidas impulsadas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, terminaron complicando las relaciones con los sindicatos.
 

“Queríamos una reforma que nos ayudara y al final lo que tenemos terminó complicándonos”, afirmó el abogado Juan José Etala durante una reunión de la Junta Directiva de la UIA. La frase adquiere particular peso por el perfil del dirigente, identificado históricamente con posiciones críticas hacia el sindicalismo y con vínculos con el gobierno de Mauricio Macri, donde tuvo un papel relevante como operador jurídico en el ámbito laboral.
 

El cuestionamiento apunta especialmente al decreto 407/26, que estableció límites a los denominados aportes solidarios, pagos extraordinarios y cuotas que sindicatos y cámaras empresarias pueden acordar durante las negociaciones paritarias. La normativa fijó un tope del 0,5% de la nómina salarial para los aportes destinados a cámaras empresarias y del 2% para sindicatos y obras sociales, alterando un mecanismo utilizado durante décadas en las relaciones laborales.
 

Para los empresarios críticos de la medida, la eliminación de esas herramientas no necesariamente fortalece a las compañías, sino que puede terminar paralizando negociaciones y deteriorando una dinámica de acuerdos construida durante años. El planteo representa un fuerte contraste con el discurso oficial, que presenta esos mecanismos como “curros” o “kioscos” y sostiene que su eliminación permitiría reducir el poder de las organizaciones sindicales.
 

La presión sindical logró que dos meses después se dictara el decreto 612, firmado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que flexibilizó parcialmente las restricciones. Sin embargo, en las cámaras empresarias sostienen que el problema persiste. La Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también cuestionaron la ofensiva contra el Instituto de Capacitación (Inacap), cuyo financiamiento se acuerda en las paritarias del sector mercantil.
 

El escenario abre una paradoja política para el Gobierno: una reforma presentada como una herramienta para favorecer al sector privado podría terminar enfrentando a empresarios y sindicatos en los tribunales. Mientras distintas entidades patronales evalúan presentar amparos, la normativa de Sturzenegger empieza a recibir críticas desde el propio mundo empresarial, debilitando uno de los principales argumentos políticos con los que el oficialismo impulsa su reforma laboral.

Con información de El Destape