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Sábado 22 de agosto de 2026 | Santiago del Estero, Argentina

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Escándalo en el PAMI: una senadora libertaria amenazó con romper el bloque por las denuncias contra su marido

Según la denuncia, la senadora advirtió a Lule Menem que podía retirar su apoyo al Gobierno en el Senado si avanzaban las investigaciones, mientras la Casa Rosada buscaba contener el conflicto.


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Viernes 21 de agosto de 2026

La tensión entre el poder político, los negocios privados y la estructura del PAMI quedó nuevamente bajo la lupa en San Luis. La exdirectora del organismo, Cecilia Morales, denunció al empresario Rodolfo Negri y a su esposa, la senadora libertaria Ivanna Arrascaeta, por presuntas amenazas y hostigamiento luego de que impulsara auditorías sobre prestaciones facturadas por clínicas vinculadas a la familia del empresario.
 

Según la denuncia, el episodio más grave ocurrió el 1° de junio en el aeropuerto de San Luis. Morales sostuvo que Arrascaeta la abordó antes de viajar a Buenos Aires y le exigió que no obstaculizara la carga informática de prestaciones por parte de una persona vinculada a su esposo. En ese contexto, la senadora habría tomado del brazo a la exfuncionaria y le habría advertido: “Voy a cortar cabezas, voy a cortar todas las cabezas”.

 

El trasfondo del enfrentamiento son las sospechas sobre una presunta sobrefacturación millonaria al PAMI por parte de la clínica Aconcagua, sus consultorios externos y un centro de rehabilitación pertenecientes a familiares de Negri. De acuerdo con estimaciones internas citadas en la denuncia, las prestaciones facturadas por las clínicas habrían alcanzado cifras superiores a los $1.000 millones mensuales en algunos períodos.
 

La investigación tomó mayor dimensión cuando la auxiliar fiscal Paula Bellotti solicitó documentación sobre las auditorías realizadas a una de las clínicas, ante la sospecha de una posible defraudación contra la administración pública mediante la falsa transmisión de órdenes de prestación. La Justicia pidió detalles sobre órdenes, fechas, diagnósticos, prestaciones y montos abonados, mientras desde el organismo cuestionaron que el volumen de prestaciones declarado fuera materialmente compatible con la capacidad de atención de las instituciones.
 

Pero el caso no quedó circunscripto a una disputa administrativa. Un audio al que accedió LPO registra una reunión en la que Negri aparece reclamando información interna para preparar su defensa frente a las investigaciones. En otro tramo, según la publicación, el empresario reconoce su capacidad para defenderse y reclama colaboración de los funcionarios para evitar quedar comprometido judicialmente.
 

El conflicto también adquirió una dimensión política dentro del oficialismo. Según fuentes citadas por LPO, Negri habría amenazado con utilizar la banca de su esposa para formar un monobloque y retirar apoyo a los proyectos de La Libertad Avanza en el Senado. El dato expone hasta qué punto las relaciones entre empresarios, legisladores y estructuras territoriales pueden convertirse en una pieza de negociación dentro de un Gobierno que necesita cada voto para sostener su agenda parlamentaria.
 

La intervención de Lule Menem para intentar desactivar el conflicto muestra, además, que el episodio dejó de ser un problema exclusivamente provincial. El PAMI es uno de los organismos donde La Libertad Avanza desplegó una fuerte estructura política y territorial, y cualquier denuncia de presunta corrupción o utilización partidaria de sus delegaciones tiene capacidad para escalar directamente hacia la Casa Rosada.
 

Mientras tanto, Morales también denunció nuevos episodios de hostigamiento contra trabajadores del PAMI. Una empleada habría advertido sobre llamados telefónicos intimidatorios, insultos y amenazas vinculadas con las investigaciones. La exdirectora había pedido revisar más de 7.000 órdenes de prestación correspondientes al período 2024-2026, una tarea que quedó inconclusa tras su salida del organismo.
 

El caso vuelve a colocar al oficialismo frente a una contradicción política incómoda: un Gobierno que llegó al poder prometiendo combatir la “casta” y terminar con los privilegios enfrenta ahora denuncias que involucran a una senadora libertaria, a un empresario con influencia sobre su banca y a un organismo estatal atravesado por investigaciones millonarias. La Justicia deberá determinar si hubo delitos, pero el costo político ya comenzó a crecer.

 

Con información de LPO / Imagen: LPO 


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