ATE advierte que el Gobierno avanza con la privatización de Fabricaciones Militares

Los trabajadores de Fabricaciones Militares nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) encendieron una nueva alarma sobre el futuro de la industria militar estatal. En un extenso informe, cuestionaron el pliego del Concurso Público Nacional e Internacional CPU-2026-SC-001 y sostuvieron que el Gobierno avanza hacia una transferencia del control operativo, comercial y productivo a operadores privados, incluso de origen extranjero.
 

El documento sostiene que la conformación de Uniones Transitorias con empresas privadas permitiría ceder durante décadas la gestión de las fábricas sin una declaración legislativa formal de privatización. Aunque el Estado conservaría la propiedad de los inmuebles y las plantas, el operador privado asumiría el manejo de la producción, la comercialización y buena parte de las decisiones estratégicas.
 

Uno de los puntos más cuestionados es que el pliego establece que el operador privado deberá contar con al menos el 51% de participación, sin establecer un límite máximo. Además, el Comité Ejecutivo tendría tres representantes privados y dos estatales, mientras que la presidencia quedaría en manos del sector privado, con capacidad para intervenir en cuestiones centrales como presupuestos, contratación de personal y equipos y determinadas acciones judiciales.
 

ATE también puso el foco en los plazos contractuales, que podrían extenderse entre 10 y 35 años. En el escenario de máxima duración, el esquema comprometería la estructura productiva de defensa hasta 2061, atravesando varias administraciones nacionales y condicionando futuras decisiones sobre la industria militar.
 

El informe advierte además sobre la posibilidad de que empresas extranjeras accedan al control de áreas estratégicas vinculadas con la fabricación de municiones, armamento, pólvoras, explosivos y cañones. Según los trabajadores, las empresas podrían obtener mayoría en los órganos de conducción y participar también de la comercialización internacional.
 

Otro aspecto que genera preocupación es la cláusula que impediría al Estado competir con las actividades desarrolladas por la Unión Transitoria durante la vigencia del contrato. A criterio de ATE, esto podría limitar durante años la capacidad estatal para fabricar, diseñar o desarrollar por cuenta propia productos vinculados a sectores estratégicos de la defensa.
 

El capítulo laboral también aparece entre los principales cuestionamientos. El pliego no establecería garantías de estabilidad, un piso de dotación ni compromisos concretos de preservación de puestos de trabajo. Mientras los trabajadores actuales continuarían bajo Fabricaciones Militares, el nuevo personal incorporado por la Unión Transitoria quedaría bajo el régimen privado, generando una estructura laboral mixta.
 

Desde el punto de vista jurídico, ATE sostiene que el mecanismo elegido podría funcionar como una privatización material sin pasar por una ley del Congreso. El argumento central es que, aunque el Estado mantenga formalmente la propiedad de las plantas, la cesión prolongada de la gestión, la mayoría en los órganos de decisión, la representación legal y el control de la producción implicaría, en los hechos, transferir el control del complejo industrial.
 

El informe también cuestiona las condiciones económicas del concurso. Para impugnar la adjudicación se exige una garantía de US$5 millones, mientras que los oferentes deben acreditar patrimonios netos de entre US$35 millones y US$70 millones por renglón, llegando hasta US$185 millones para quienes pretendan participar en los cuatro.
 

Para ATE, los requisitos de capital y experiencia —incluidos 15 años de trayectoria en unidades productivas similares y antecedentes en la comercialización internacional de materiales controlados— reducirían significativamente el universo de posibles oferentes y favorecerían a grandes compañías internacionales del sector defensa.
 

Los trabajadores concluyen que el proceso no constituiría simplemente una asociación destinada a modernizar Fabricaciones Militares, sino una transferencia material y prolongada del control del complejo industrial-militar argentino. La advertencia abre un nuevo frente político en torno al futuro de una industria estratégica y al papel que el Estado conservará en la producción para la defensa nacional.

Con información de LPO imagen: Juan Casas