La industria paga el costo del ajuste del Gobierno

La industria manufacturera se convirtió en uno de los principales damnificados del modelo económico de Javier Milei. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 241.176 puestos de trabajo asalariados privados registrados en todo el país. De ese total, 85.561 correspondieron a la industria, es decir, el 35,5% de todos los empleos destruidos.
 

El dato expone una de las principales consecuencias políticas del programa económico libertario: el ajuste no solamente impacta sobre los ingresos de los trabajadores, sino también sobre la estructura productiva. Textiles, calzado, alimentos, muebles, electrónica, autopartes, plásticos, químicos y otros sectores vinculados a la producción nacional enfrentan una contracción que se traduce en despidos, menor actividad y cierre de establecimientos.
 

La construcción aparece como el segundo gran sector golpeado, con 62.747 empleos formales perdidos. Industria y construcción explican, en conjunto, el 61,5% de la caída total del empleo registrado desde noviembre de 2023. Si se toma como referencia el máximo de empleo industrial alcanzado en agosto de ese año, la pérdida llega a 89.667 puestos, equivalente a una contracción del 7,5%.
 

Dentro de las fábricas, textiles, confecciones, cuero y calzado encabezan el derrumbe, con una caída del 23% y 28.088 puestos menos desde agosto de 2023. La metalmecánica perdió otros 21.384 empleos, mientras que automotores y neumáticos resignaron 9.552. También retrocedieron madera, papel e impresión, química y petroquímica y, aunque con mayor estabilidad, alimentos y tabaco.
 

El deterioro del empleo formal se combina además con una creciente precarización laboral. El Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario registró que la informalidad dentro de la industria manufacturera pasó del 32,2% en 2016 al 40,8% durante el primer trimestre de 2026. Al mismo tiempo, aumentó el cuentapropismo: pasó del 21,1% de los ocupados en 2017 al 24,5% en 2025. En el primer trimestre de este año, el 65,3% de los trabajadores por cuenta propia se encontraba en la informalidad.
 

Pero la crisis no se limita al empleo. El tejido empresarial también se achica. De acuerdo con el Monitor mensual de empresas de Fundar, en mayo cerraron 2.371 empresas respecto de abril y desaparecieron 16.560 en comparación con el mismo mes del año anterior. Desde noviembre de 2023, el saldo alcanza 30.633 empresas registradas menos, una caída equivalente al 6% del entramado productivo nacional.
 

Los cierres golpearon especialmente al transporte y almacenamiento, las actividades inmobiliarias y la construcción. El fenómeno, además, tuvo alcance federal: 23 de las 24 provincias registraron una caída en la cantidad de empresas, con Neuquén como única excepción, favorecida por el impulso de la minería y Vaca Muerta.
 

Los números ponen en discusión uno de los principales argumentos del Gobierno: que la estabilización macroeconómica terminará generando las condiciones para una recuperación sostenida. Mientras el oficialismo reivindica el ajuste como el camino hacia una economía más competitiva, la fotografía del mercado laboral muestra otra cara: menos fábricas, menos empresas y más trabajadores fuera del empleo formal.
 

La disputa política, entonces, ya no pasa solamente por cuánto bajó la inflación o por el equilibrio fiscal. También se juega en la pregunta de qué país queda después del ajuste: uno con mayor capacidad productiva y empleo de calidad o una economía donde sobreviven los sectores más concentrados mientras desaparecen empresas y puestos de trabajo. Los datos del empleo industrial y del cierre de compañías agregan presión a una discusión que será central en la carrera política hacia 2027.

Con información e Imagen de Gestión Sindical