Adorni, contra las cuerdas: debe explicar cómo creció su patrimonio

El exjefe de Gabinete y exvocero presidencial Manuel Adorni llega a una instancia clave de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Este miércoles vence el plazo otorgado por el fiscal Gerardo Pollicita para que presente la documentación que permita justificar las inconsistencias detectadas en la evolución de su patrimonio durante los dos años y medio que permaneció en el gobierno de Javier Milei.

La fiscalía presentó el 10 de agosto un requerimiento con 20 preguntas destinadas a reconstruir el origen de los fondos y determinar si los bienes, gastos y movimientos financieros de Adorni son compatibles con sus ingresos como funcionario. La respuesta será determinante para el avance de la causa: una vez analizada la documentación, Pollicita deberá resolver si corresponde citar al exfuncionario a declaración indagatoria.

El núcleo de la investigación está en los números. Según la información incorporada al expediente, Adorni percibió 35 salarios durante su paso por el Gobierno. Sumados los ingresos de su esposa, la familia habría obtenido unos $229 millones, pero durante el mismo período registró gastos por aproximadamente $272 millones. La diferencia de más de $43 millones es uno de los puntos que la Justicia busca explicar.
 

A esto se suman operaciones en dólares que, según el fiscal, no encuentran una correspondencia clara con los ingresos declarados. La compra y refacción de una propiedad en el country Indio Cuá y la adquisición de un departamento en la calle Miró 550 demandaron, de acuerdo con la investigación, un desembolso total de US$402.578,12. También aparecen gastos en viajes, alquileres y otras operaciones realizadas en efectivo.
 

El caso quedó además atravesado por explicaciones que fueron cambiando. Ante el Congreso, Adorni sostuvo que sus bienes estaban declarados y que “nunca existió ocultación alguna”. Sin embargo, luego de iniciada la investigación judicial apareció una declaración jurada con cerca de medio millón de dólares adicionales. Más tarde, en declaraciones periodísticas, atribuyó parte de esos fondos a inversiones en criptomonedas realizadas desde 2014 y también hizo referencia a dinero que habría encontrado en la casa de su padre tras su fallecimiento.
 

Para la fiscalía, esas explicaciones todavía no alcanzan. El requerimiento sostiene que los “incrementos, adquisiciones y desembolsos” realizados durante su paso por la administración de Milei “no encuentran hasta el momento explicación suficiente”.
 

La investigación también puso el foco en cuatro billeteras de criptomonedas utilizadas por Adorni —Binance, Lemon, Buenbit y Satoshi Tango— que no habrían sido incorporadas a sus declaraciones juradas. A eso se agregan ingresos de origen desconocido por unos $7,5 millones en una cuenta del Banco Nación y dudas sobre otros posibles bienes.
 

El vencimiento del plazo coloca ahora a Adorni frente a una definición política y judicial. Si no logra respaldar documentalmente el origen de los fondos cuestionados, la investigación podría avanzar hacia una instancia más comprometida para quien durante años fue una de las principales voces del gobierno de Milei. El expediente, además, vuelve a poner bajo la lupa la distancia entre el discurso de transparencia y austeridad del oficialismo y el patrimonio acumulado por algunos de sus principales funcionarios.

Con información de Pág. 12 / Imagen: NA