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Martes 25 de agosto de 2026
En el momento de mayor poder de Manuel Adorni dentro del gobierno de Javier Milei, el exvocero llegó a manejar una estructura cercana a los 250 empleados. Tras su salida, varios de sus colaboradores más cercanos fueron reubicados en organismos estatales. Entre ellos aparecen Aimé Ayelén Vázquez, Ian Lionel Vignale y Federico Esteban Sicilia, quienes el 28 de abril fueron designados en el directorio del Correo Argentino.
Los tres percibirían salarios cercanos a los $8 millones mensuales y, de acuerdo con la información publicada, no desarrollan una actividad cotidiana en la empresa. Desde el entorno de los funcionarios argumentaron que participan de las reuniones de directorio, aunque desde su designación solo se habría realizado una reunión, el 30 de abril. Fuentes del Correo señalaron que no tienen un rol activo más allá de las obligaciones jurídicas propias del cargo.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el discurso libertario contra los empleados estatales y los llamados “ñoquis”. Adorni había construido buena parte de su perfil político atacando el gasto público y cuestionando los privilegios de la administración estatal. Ahora, tres dirigentes de su círculo más cercano permanecen en cargos jerárquicos de una empresa pública, mientras el actual jefe de Gabinete, Diego Santilli, analiza qué hacer con las designaciones heredadas.
El escándalo se suma a los cuestionamientos que rodean al exvocero en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal Gerardo Pollicita le reclamó explicaciones sobre el origen de sus bienes y gastos, incluyendo movimientos patrimoniales que no se corresponderían con sus ingresos declarados. La defensa de Adorni solicitó una prórroga para presentar su descargo y el juez Ariel Lijo deberá resolver el pedido.
La situación expone una de las mayores contradicciones políticas del oficialismo: mientras Milei prometió terminar con los privilegios de la “casta”, colaboradores de uno de sus principales voceros terminaron ocupando cargos jerárquicos en una empresa estatal. El caso vuelve a instalar la discusión sobre los nombramientos políticos, los salarios públicos y el uso de estructuras estatales para preservar espacios de poder.
Con información de Página 12 / Imagen: El Diario AR
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