Provincias al límite: menos fondos, más protestas y tensión social

La conflictividad social crece en distintas provincias argentinas y tiene un denominador común: la caída de los recursos disponibles. La menor recaudación nacional y provincial, sumada a la reducción de las transferencias de la Nación, comenzó a traducirse en paros, movilizaciones, recortes de prestaciones y reclamos salariales que obligan a gobernadores e intendentes a enfrentar demandas que, en buena medida, están vinculadas con las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei.
 

Uno de los principales indicadores de ese deterioro aparece en la obra pública. Según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto destinado a rutas nacionales se encuentra en su nivel más bajo en tres décadas, mientras el 60% de los tramos presenta un estado malo o regular. Entre 2023 y 2025, los recursos para rutas y caminos cayeron hasta 85% en algunas jurisdicciones, mientras La Rioja llevó a la Justicia un reclamo por el presunto desvío de más de un billón de pesos destinados al sistema vial.
 

El malestar también se expresa en las calles. En Córdoba continúan los conflictos docentes y los reclamos de trabajadores de la salud y del Poder Judicial. En Santa Fe, miles de trabajadores de hospitales, centros de salud y clínicas preparan nuevas movilizaciones por mejoras salariales, mientras también crece la tensión por los bajos ingresos de policías, gendarmes y prefectos. En Tierra del Fuego, el paro docente por tiempo indeterminado ya atraviesa su cuarta semana y reclama la restitución de programas de financiamiento eliminados por el Gobierno nacional.
 

La crisis alcanza incluso a servicios esenciales. En La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut, clínicas y sanatorios prestadores del PAMI suspendieron la atención y denunciaron atrasos en los aranceles y demoras en los pagos. En Chubut, además, una protesta de detenidos por la calidad de los alimentos derivó en una orden judicial para garantizar carne roja, medida rechazada públicamente por el gobernador Ignacio Torres.
 

El trasfondo económico es señalado por un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA): los recursos reales de las provincias registran una caída del 19,6% respecto de noviembre de 2023. La menor actividad reduce tanto la coparticipación como la recaudación propia, mientras los adelantos de fondos nacionales alivian la emergencia inmediata pero comprometen ingresos futuros.
 

El escenario configura así una transferencia del costo del ajuste desde la Nación hacia las provincias y las familias. Con un año electoral en el horizonte, los gobernadores quedan atrapados entre la necesidad de sostener servicios y salarios y la dependencia de recursos nacionales, mientras el deterioro de las cuentas públicas comienza a transformarse en una creciente fuente de conflictividad social y política en todo el país.

Con información de El Destape