La canasta que el Gobierno no mide: alquileres y deudas se llevan el 60% de los ingresos

La estadística oficial vuelve a quedar bajo la lupa. La canasta básica que utiliza el INDEC para determinar los umbrales de pobreza e indigencia no incorpora dos de los gastos que más pesan actualmente sobre los hogares: el alquiler y el pago de deudas. La ausencia de estos datos abre un interrogante sobre cuánto refleja realmente la medición oficial de las condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras.
 

Un relevamiento realizado por Inquilinos Agrupados junto a Movida Ciudad, a partir de 732 respuestas, permite dimensionar esa realidad. Sobre un ingreso promedio familiar de $2.250.000, los hogares destinan unos $657.000 al alquiler y $665.000 al pago de deudas. Es decir, cerca del 60% de los ingresos se consume solamente en esas dos obligaciones.
 

La presión se vuelve todavía mayor cuando se incorpora la alimentación. El gasto promedio en alimentos alcanza los $424.000 mensuales, por lo que alquiler, deudas y comida absorben alrededor del 80% de los ingresos familiares. El dato más contundente es que, según la muestra, las familias destinan incluso más dinero a pagar deudas que a comprar alimentos, una señal del creciente peso del crédito y del financiamiento para sostener el consumo cotidiano.
 

El resto de los gastos completa un cuadro de fuerte presión sobre los ingresos: educación demanda unos $217.000 mensuales, salud $187.000, mientras que luz y gas, conectividad y transporte agregan nuevas cargas. En este escenario, la ausencia de alquileres y endeudamiento en la canasta oficial deja fuera de la fotografía estadística una parte sustancial de los gastos que determinan la economía real de los hogares.
 

La crisis de ingresos se combina además con una creciente precarización laboral. Según un análisis del Instituto Argentina Grande sobre los microdatos de la EPH, el 45,2% de los ocupados se encuentra en condiciones de desprotección laboral. Los ingresos promedio relevados durante el primer trimestre de 2026 fueron de $1.076.056 mensuales, pero entre los trabajadores por cuenta propia descendieron a unos $524.000 y entre los asalariados informales rondaron los $700.000.
 

El deterioro golpea especialmente a jóvenes y jubilados. La desprotección laboral entre los jóvenes pasó del 53% en 2024 al 62% en 2026, mientras que aumentó la cantidad de jubilados que regresan al mercado laboral ante la insuficiencia de sus ingresos. Así, detrás de los indicadores macroeconómicos que reivindica el Gobierno aparece otra realidad: hogares que se endeudan para comer, trabajadores que sobreviven con changas y una generación joven que pierde empleos de calidad.

Con información de El Destape / Imagen: Perfil