Malvinas: la oposición prepara una ofensiva contra el giro de Milei

El repentino giro discursivo de Javier Milei sobre Malvinas tendrá ahora una prueba decisiva en el Congreso. Tras anunciar sanciones y denuncias penales contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum por su participación en el proyecto petrolero Sea Lion, los bloques opositores preparan una batería de iniciativas para confrontar al Gobierno y poner bajo la lupa sus decisiones de los últimos años en materia de soberanía y explotación de recursos argentinos.
 

La oposición cuestiona que el Gobierno haya permitido durante años el avance de proyectos vinculados con la explotación de hidrocarburos en las islas y ahora pretenda presentarse como abanderado de la defensa de los recursos nacionales. Entre las propuestas que podrían llegar al Congreso aparecen sanciones contra las empresas involucradas en Sea Lion, la eliminación de beneficios impositivos para compañías británicas y medidas para reforzar el control sobre la explotación pesquera en el Atlántico Sur.
 

Uno de los principales focos estará puesto en Southern Energy, firma beneficiada por el Gobierno con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar proyectos gasíferos en Vaca Muerta. El diputado Maximiliano Ferraro cuestionó su vínculo societario con Premier Oil, empresa que había sido sancionada en 2013 por realizar actividades de exploración en la plataforma continental argentina cercana a Malvinas. A su vez, el diputado Guillermo Michel impulsa la eliminación del convenio de doble imposición que concede beneficios fiscales a empresas británicas que operan en Argentina.
 

La ofensiva opositora también apunta al entorno empresarial del Presidente. Eduardo Elsztain, uno de los empresarios cercanos a Milei, reconoció tener una participación en la Falkland Islands Company, firma con fuerte presencia económica en las islas. En paralelo, Elon Musk mantiene intereses comerciales allí a través de Starlink, que presta servicios de internet a los kelpers. La oposición promete utilizar estos vínculos para cuestionar la coherencia entre el discurso presidencial sobre soberanía y las relaciones económicas de figuras cercanas al Gobierno.
 

El reclamo podría ampliarse además al sector pesquero, que reclama sanciones contra las actividades desarrolladas bajo licencias británicas en Malvinas. Las organizaciones del sector sostienen que la explotación de los recursos pesqueros constituye otra forma de apropiación de riquezas argentinas y buscan que el Congreso incorpore esa problemática al debate. También se plantea reactivar el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas y revisar las políticas sobre el puerto de Ushuaia.
 

Así, el proyecto que finalmente envíe la Casa Rosada se convertirá en una prueba política para Milei: la oposición buscará transformar su nuevo discurso sobre Malvinas en un debate sobre hechos concretos, negocios, beneficios fiscales y decisiones adoptadas durante su gestión. El oficialismo deberá explicar si el anunciado cambio de postura implica una política de Estado sostenida o una reacción frente al creciente costo político de las denuncias sobre la explotación de recursos argentinos en el Atlántico Sur.

Con información de Página 12 / Imagen: Presidencia / Redacción: La Rosca