Deudas: buscan ponerle límites al hostigamiento de las agencias de cobranza

El proyecto presentado por Fuerza por Buenos Aires busca actualizar la normativa vigente y crear un registro obligatorio de las empresas y profesionales que realizan cobranzas, además de establecer licencias que puedan ser suspendidas o revocadas ante incumplimientos. Desde el sector sostienen que el aumento de la morosidad convirtió el endeudamiento familiar en un problema social que ya excede la capacidad de pago de miles de hogares.

La iniciativa pone el foco en prácticas denunciadas por consumidores: llamados durante fines de semana y horarios inapropiados, contactos con familiares del deudor, falta de información clara sobre el monto reclamado y refinanciaciones que terminan siendo imposibles de afrontar. El proyecto también exige identificar quién gestiona cada deuda, qué medios utilizará para contactar al consumidor y cómo se justifica el crecimiento de los montos reclamados.
 

Uno de los puntos más novedosos es la incorporación de las nuevas tecnologías al debate. El proyecto contempla el avance de bots y sistemas automatizados que pueden multiplicar los mensajes de cobranza y generar situaciones de hostigamiento. También cuestiona el uso de información de los contactos telefónicos y otros datos obtenidos de dispositivos y aplicaciones financieras, planteando que el Estado debe establecer límites frente a algoritmos diseñados para maximizar ganancias.
 

Desde el oficialismo porteño de Santoro remarcan que la propuesta no busca impedir el cobro de deudas, sino establecer reglas para proteger la dignidad de quienes atraviesan dificultades económicas. En ese marco, Cilenti sostuvo que el problema de fondo sigue siendo la falta de ingresos suficientes para llegar a fin de mes, mientras el endeudamiento se convierte cada vez más en una salida de emergencia para las familias.
 

El proyecto, identificado con el expediente 2788, comenzará a ser analizado en la Comisión de Defensa del Consumidor y ya recibió señales de respaldo de distintos bloques, con la excepción de La Libertad Avanza. La disputa legislativa abre así un debate político de fondo: cómo garantizar que el derecho a cobrar una deuda no se transforme en una vía de presión, exposición y hostigamiento sobre quienes no pueden pagar.

Con información de NA / Imagen: Info Gremiales / Redacción: La Rosca