Escándalo en la Armada: investigan un presunto desvío millonario en el pago de salarios

La Armada Argentina quedó envuelta en un escándalo por presuntas irregularidades en la liquidación de salarios, suplementos y horas extras que podrían involucrar recursos públicos por alrededor de $1.600 millones. La denuncia fue presentada por el jefe de Servicios Financieros de la fuerza y derivó en una investigación sobre pagos que, según la información difundida, habrían continuado después de la desvinculación de determinados empleados y terminado en cuentas de integrantes de la propia Armada.
 

La hipótesis bajo investigación apunta a un mecanismo mediante el cual se habrían mantenido liquidaciones que debían darse de baja y posteriormente se habrían desviado esos fondos. También se detectaron inconsistencias en el pago de suplementos y horas extras al personal civil. Fuentes citadas por LPO señalaron que podrían existir cerca de 50 personas involucradas y que parte de las liquidaciones presuntamente irregulares habría sido distribuida entre quienes participaban de la maniobra.
 

El caso adquiere una dimensión política e institucional porque pone bajo discusión los mecanismos de auditoría y control sobre el uso de fondos públicos dentro de las Fuerzas Armadas, particularmente en un área tan sensible como la administración de haberes. La investigación interna deberá establecer si se trató de hechos aislados o de un esquema sostenido en el tiempo y, eventualmente, determinar hasta dónde llegan las responsabilidades dentro de la estructura de la fuerza.
 

Tras la difusión de la denuncia, la propia Armada confirmó oficialmente la existencia de irregularidades. La fuerza informó que una actuación administrativa permitió detectar “inconsistencias en las acreditaciones de los sueldos” y que, una vez constatadas, se presentó la denuncia ante el Juzgado Federal N° 2 para investigar los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes, con respeto al debido proceso.
 

La conducción del área de liquidaciones está a cargo del capitán de navío de Intendencia Carlos Alberto Castro Maggio, mientras que el segundo jefe es el capitán de navío Guillermo Gabriel Orozco. La investigación deberá determinar qué participación tuvo cada funcionario o agente y si existieron fallas de supervisión que permitieron que las presuntas irregularidades se mantuvieran durante el tiempo señalado.
 

El episodio vuelve a colocar bajo la lupa la administración de recursos en el área de Defensa. Mientras la Armada asegura que existe “tolerancia cero” frente a cualquier irregularidad, ahora será la Justicia la que deberá establecer si hubo efectivamente un mecanismo deliberado de desvío de fondos, quiénes participaron y cuál fue el verdadero alcance económico de la maniobra.

Con información e imagen de LPO / Redacción: La Rosca