Denuncian a Caputo por una millonaria operación vinculada al RIGI

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, enfrenta su primera denuncia penal vinculada con una operación empresarial relacionada con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La presentación fue realizada por la abogada Virginia Marta Cassola y también alcanza a directivos y accionistas de Central Puerto, empresa vinculada a Nicolás “Nicky” Caputo.
 

El eje de la denuncia está puesto en la participación de Central Puerto en la minera canadiense AbraSilver. La compañía había adquirido en 2024 el 9,9% de las acciones por unos US$25,5 millones y posteriormente vendió esa participación por US$163,1 millones, obteniendo una ganancia de aproximadamente US$137,6 millones, equivalente a una rentabilidad en dólares del 539%.
 

La presentación judicial solicita determinar si Caputo intervino de manera irregular en la aprobación del RIGI para el proyecto minero Diablillos, ubicado entre Salta y Catamarca, y si esa decisión pudo haber generado un beneficio patrimonial extraordinario para Central Puerto. También pide investigar una eventual coordinación entre funcionarios y empresarios durante la tramitación del régimen.
 

Otro de los puntos centrales es el posible acceso a información no pública. La denuncia plantea que la Justicia debería establecer qué información manejaban los funcionarios durante el proceso de aprobación, qué comunicaciones mantuvieron con representantes de AbraSilver y Central Puerto y si existieron reuniones, gestiones o decisiones por fuera de los procedimientos habituales.
 

La presentación también solicita determinar si los directivos y accionistas de Central Puerto conocían anticipadamente las consecuencias económicas que tendría la incorporación de AbraSilver al RIGI y si esa eventual información influyó en la permanencia de la empresa en el proyecto y en la posterior venta de sus acciones.
 

El caso coloca nuevamente al RIGI en el centro de una disputa política sobre el vínculo entre las decisiones del Estado y los intereses de grandes grupos empresarios. La investigación deberá establecer si se trató de una operación empresarial beneficiada legítimamente por un régimen de promoción o si, como plantea la denuncia, existieron decisiones o información privilegiada que permitieron capturar una valorización extraordinaria.

Con información de LPO / Imagen: Juan Casas / Redacción: La Rosca