Política
Lunes 21 de septiembre de 2026
Al límite del plazo fijado por el juez federal Ariel Lijo, el exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia su descargo para explicar las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas. El escrito, elaborado por su abogado Matías Ledesma, tiene 77 páginas y responde los 20 puntos planteados por el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
La defensa sostiene que la evolución patrimonial registrada entre diciembre de 2023 y junio de 2026 tiene una explicación “razonable y verificable” y rechaza que exista un enriquecimiento sin justificación. Sin embargo, el expediente analiza un incremento patrimonial del 119% y diferencias detectadas en torno a $43 millones y US$400.000, cifras que llevaron a la fiscalía a exigir precisiones sobre el origen y destino de distintos fondos.
El eje central del descargo son los Bitcoin adquiridos entre 2014 y 2018, antes de que Adorni ingresara a la función pública. Según sus abogados, los fondos surgieron de la liquidación de ocho billeteras de criptomonedas por montos cercanos a los US$600.000. La defensa afirma que las operaciones fueron personales, realizadas en efectivo, y que la titularidad de las billeteras puede acreditarse mediante las claves privadas que Adorni habría conservado y puesto a disposición de la Justicia.
El argumento también intenta explicar por qué esos fondos no fueron incorporados oportunamente al circuito financiero formal. La defensa invocó la existencia de una práctica extendida de mantener ahorros en efectivo y moneda extranjera por fuera del sistema bancario. El planteo busca presentar esa modalidad como una conducta de ahorro familiar y no como un mecanismo destinado a ocultar patrimonio, aunque será la Justicia la que deberá determinar si la documentación aportada resulta suficiente para acreditar el origen de los fondos.
Otro capítulo relevante aparece en el destino posterior de esos ahorros. La defensa sostiene que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, mantuvieron durante años un nivel de consumo austero y comenzaron a utilizar parte de esos recursos después de su ingreso a la función pública. Entre las operaciones cuestionadas aparecen la compra y remodelación de una vivienda en Indio Cuá, la adquisición de un departamento en la calle Miró y gastos vinculados con viajes, alquileres y educación.
Respecto de la propiedad de Indio Cuá, Adorni negó haber desembolsado los US$245.000 atribuidos por el contratista Matías Tabar para las remodelaciones y sostuvo que el costo real fue de US$175.000, financiado con ahorros. La compra del lote, según la presentación, tuvo un valor de US$120.000: US$100.000 fueron financiados mediante un préstamo con garantía hipotecaria y los US$20.000 restantes habrían sido abonados en efectivo.
Las rectificaciones de sus declaraciones juradas también forman parte del descargo. La defensa sostiene que las modificaciones no constituyen un indicio de ocultamiento, sino una corrección voluntaria de información que posteriormente fue incorporada y sobre la cual se abonaron las obligaciones tributarias correspondientes. El expediente entra ahora en una etapa clave: la Justicia deberá contrastar estas explicaciones con la documentación contable, financiera y patrimonial reunida en la investigación y determinar si las inconsistencias quedaron efectivamente justificadas.
Con información de Página 12 / Imagen: NA / Redacción: La Rosca
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