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Olivos: renunció una funcionaria cercana a Karina Milei en medio de denuncias

Mientras la Justicia analiza denuncias sobre presuntas irregularidades en la administración de la Quinta Presidencial. La diputada Marcela Pagano amplió su presentación y puso bajo la lupa compras de alimentos, contrataciones y un emprendimiento privado de catering vinculado a familiares de funcionarios.


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Martes 22 de septiembre de 2026

La crisis en la Quinta de Olivos sumó un nuevo capítulo con la renuncia de María Belén Agudiez, funcionaria de la Secretaría General de la Presidencia y cercana a Karina Milei. La salida se produjo después de que la diputada Marcela Pagano ampliara ante la Justicia una denuncia por presuntas irregularidades en la administración de la residencia presidencial.
 

De acuerdo con la investigación publicada por Página/12, uno de los principales puntos bajo análisis es un supuesto circuito de compras de alimentos que habría terminado beneficiando a un emprendimiento privado de catering vinculado a familiares de Agudiez. La denuncia sostiene que se adquirieron grandes cantidades de productos premium sin que existiera, según la presentación, un mecanismo suficiente para controlar su destino final.
 

Entre los elementos cuestionados aparecen compras de carne, pollo, cerdo, pescado y otros alimentos por volúmenes millonarios. Pagano sostiene que parte de esos productos podría haber sido desviada hacia actividades privadas y pidió que la Justicia determine si existió un perjuicio para el Estado. Se trata de una hipótesis denunciada judicialmente que deberá ser corroborada mediante la investigación correspondiente.
 

La presentación también incorpora otros contratos y operaciones que Pagano considera sospechosos, además de señalar la existencia de un presunto proveedor fantasma por montos superiores a los 600 millones de pesos. Página/12 consignó que la denuncia incluye contrataciones vinculadas con jardinería, carritos de golf y otros bienes y servicios adquiridos para la Quinta Presidencial.
 

El escándalo se desarrolla después del desplazamiento del personal civil de Olivos y del traspaso de distintas funciones a la Casa Militar. El Gobierno había argumentado que la medida buscaba reforzar la seguridad y centralizar la administración de la residencia. Ahora, la investigación judicial deberá determinar si las irregularidades denunciadas existieron y cuáles fueron, eventualmente, las responsabilidades involucradas.
 

Con información de Página 12 / Imagen: Télam / Redacción: La Rosca


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