Política
Martes 22 de septiembre de 2026
Manuel Adorni presentó ante la Justicia un escrito de 78 páginas para explicar la evolución de su patrimonio y sostuvo que USD 591.544,61 provienen de operaciones con Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, antes de su llegada a la función pública. Según la defensa, las operaciones de venta se concretaron mediante encuentros personales y pagos en efectivo, mientras que los dólares obtenidos permanecieron fuera del sistema bancario.
El argumento central de Adorni es que esas ganancias permanecieron prácticamente intactas durante años y que, junto con su esposa, decidieron “vivir como si no los tuvieran” hasta su ingreso al Gobierno. La explicación busca establecer que el crecimiento patrimonial observado durante su paso por la función pública tuvo como origen un capital previo y no ingresos generados durante su desempeño como funcionario. La Justicia deberá determinar si la documentación presentada logra acreditar esa versión.
Pero el relato comenzó a ser cuestionado por especialistas en criptomonedas. Martín Romeo, uno de los querellantes en la causa Libra, cruzó los datos incluidos en la presentación con publicaciones realizadas por Adorni en redes sociales y señaló una inconsistencia: el 15 de abril de 2017, una de las direcciones atribuidas al exfuncionario recibió alrededor de 1,1 bitcoin, mientras que horas antes Adorni había publicado que se encontraba en Chile. Para Romeo, ese dato entra en tensión con la explicación de que las operaciones se realizaban mediante encuentros personales en Argentina.
El especialista también puso el foco en el origen de los fondos que aparecen en algunas de las ocho direcciones presentadas por Adorni. Según su análisis, al menos dos de esas billeteras muestran movimientos asociados a Bittrex, un exchange de criptomonedas. Ese elemento, sostuvo Romeo, debería ser explicado con documentación adicional, dado que la versión presentada ante la Justicia describe una operatoria predominantemente presencial y en efectivo.
La discusión tiene una dimensión política además de judicial: la explicación sobre el origen de los fondos es uno de los puntos centrales para determinar si el incremento patrimonial registrado durante su paso por la función pública puede ser respaldado por activos anteriores. La propia naturaleza de Bitcoin permite reconstruir movimientos entre direcciones, pero no identifica por sí sola a la persona que controla una billetera; por eso, la cuestión de la titularidad y la trazabilidad adquiere un papel central en la investigación.
Ahora será la Justicia la que deberá contrastar la documentación presentada por Adorni con los registros de las operaciones, las fechas, las billeteras y el resto de las pruebas incorporadas al expediente. El fiscal federal Gerardo Pollicita deberá evaluar si las explicaciones resultan suficientes o si corresponde avanzar con nuevas medidas dentro de la investigación patrimonial.
Con información de LPO / Imagen: Juan Casas / Redacción: La Rosca
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