El Gobierno profundiza la modernización judicial con un nuevo acuerdo con el CFI

El gobernador Elías Suárez firmó este jueves un convenio con el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, destinado a profundizar la modernización tecnológica del sistema de Justicia de Santiago del Estero. El acuerdo coloca la transformación digital del Estado como una política de gestión que busca trascender la incorporación de tecnología y modificar la relación entre las instituciones públicas y la ciudadanía.
 

La iniciativa contempla la digitalización de expedientes, el fortalecimiento de la conectividad y de la infraestructura informática y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para optimizar los procesos judiciales. Desde el Gobierno provincial remarcaron que el objetivo es avanzar hacia un servicio más ágil, accesible y eficiente, especialmente en una provincia donde las distancias geográficas pueden convertirse en una dificultad para el acceso a la Justicia.
 

Durante el acto, Suárez sostuvo que modernizar el Estado implica prepararlo para las próximas décadas y que la tecnología debe traducirse en respuestas concretas para la población. En esa línea, planteó que detrás de cada expediente existen personas, familias y derechos que requieren respuestas más rápidas, simples y seguras.
 

Lamothe destacó la continuidad de las políticas públicas y definió el convenio como parte de una decisión institucional sostenida en el tiempo, más allá de los cambios de gobierno. La presencia del CFI vuelve a poner en escena la articulación entre organismos provinciales y federales para financiar y acompañar procesos de transformación de los servicios públicos.
 

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O’Mill, y el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Federico López Alzogaray, coincidieron en remarcar que la modernización debe tener como eje a las personas. El desafío planteado es que la digitalización permita reducir barreras geográficas, mejorar la seguridad y disponibilidad de la información y acercar el sistema judicial a quienes necesitan acceder a él.
 

El acuerdo también expresa una definición política sobre el rol del Estado frente a la transformación tecnológica: no se trata solamente de reemplazar expedientes en papel por sistemas digitales, sino de modificar procedimientos, infraestructura y formas de atención. En ese proceso, las autoridades plantearon como horizonte una Justicia más cercana, inclusiva y capaz de responder a las nuevas demandas de la ciudadanía.

Imagen: Prensa Gobierno