Milei agita el fantasma del terrorismo para justificar más poder estatal

Javier Milei volvió a recurrir al discurso antiterrorista para explicar las dificultades de su Gobierno y sostuvo que durante los últimos dos años expulsó del país a 30 mil terroristas, 10 mil en 2025 y otros 20 mil en 2026. Según el Presidente, se trataría de personas que ingresaron desde otros países para “dinamitar el modelo argentino”. Sin embargo, la afirmación no encuentra respaldo en ningún dato público y fue cuestionada por sectores de la oposición.
 

El número contrasta con los datos mencionados por su ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien había informado que más de 20 mil extranjeros fueron expulsados, rechazados en la frontera o inadmitidos por no cumplir los requisitos para ingresar o permanecer en el país. Según explicó a Página/12 el especialista en migración Pablo Ceriani Cernadas, la amplia mayoría de esas estadísticas corresponde a inadmitidos, personas a las que se les impide ingresar por cuestiones administrativas y que no están vinculadas con delitos ni con el terrorismo.
 

La propia SIDE también aparece en el centro de la controversia. Durante una presentación ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, el número dos del organismo, José Lago Rodríguez, sostuvo que no operaban grupos de extrema izquierda en la Argentina. La oposición reclamó entonces explicaciones sobre la afirmación presidencial y cuestionó de dónde surgiría la información utilizada para sostener que miles de personas fueron expulsadas por actividades terroristas.
 

El planteo adquiere una dimensión política mayor porque el Gobierno impulsa en el Congreso la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que amplía herramientas para las Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia. Desde organismos de derechos humanos y sectores opositores advierten que la construcción de una amenaza terrorista puede utilizarse como argumento para aumentar la vigilancia, restringir libertades y limitar los mecanismos de rendición de cuentas.
 

Para Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del CELS, la asociación entre migrantes y terrorismo forma parte de un marco antiterrorista utilizado en distintos lugares para recortar derechos, incrementar la vigilancia y la represión estatal y evitar controles bajo el argumento del secreto por razones de seguridad nacional. En ese escenario, la oposición cuestiona la ausencia de evidencias sobre los supuestos 30 mil terroristas expulsados y vincula el discurso presidencial con la disputa política por el avance de nuevas facultades para los organismos de inteligencia y las Fuerzas Armadas.

Con información de Página 12 / Imagen: Perfil / Redacción: La Rosca