La oposición busca voltear el DNU en el Congreso y frenar la extranjerización de tierras

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dejar sin efecto el fallo que declaraba inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras abrió un nuevo frente de conflicto político para el Gobierno de Javier Milei. Frente a este escenario, Unión por la Patria (UxP) busca trasladar la disputa al Congreso y reunir los votos necesarios para rechazar definitivamente el DNU 70/2023, que eliminó las restricciones a la propiedad extranjera de tierras rurales. La iniciativa apunta a recuperar los límites establecidos por la Ley 26.737, cuyo rechazo ya fue aprobado por el Senado en marzo de 2024, pero que todavía permanece pendiente de resolución en Diputados.
 

La primera respuesta parlamentaria llegó del jefe del bloque de UxP en Diputados, Germán Martínez, quien se reunió con representantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y anticipó que solicitará una sesión especial. «Es un fallo absolutamente escandaloso. No solo genera una situación de extrema vulnerabilidad en la soberanía territorial, sino también desconoce la voluntad del Senado», sostuvo en declaraciones a Página/12. En la misma línea, el senador Eduardo De Pedro calificó la resolución como «repudiable» y denunció que desconoce la voluntad popular, el interés nacional y la división de poderes, además de cuestionar que se les niegue a los excombatientes el derecho a acceder a la Justicia.
 

La estrategia opositora apunta a convocar una sesión el próximo 15 de octubre, en coincidencia con la quinta Marcha Federal Universitaria, para unificar el rechazo al DNU con el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En el peronismo consideran que la movilización en las calles será clave para presionar a los bloques aliados y alcanzar los votos necesarios en Diputados. En paralelo, los senadores José Mayans, Juliana di Tullio y Fernando Salino presentaron un proyecto para derogar específicamente el artículo 154 del decreto y restablecer la Ley de Tierras, que establecía un límite del 15% a la propiedad rural extranjera. La ofensiva también recibió el respaldo de Axel Kicillof, la CGT, Martín Lousteau, Elisa Carrió y Myriam Bregman, quienes cuestionaron, desde distintas perspectivas, las consecuencias del fallo sobre la soberanía territorial.
 

En la Casa Rosada, la decisión judicial generó incomodidad y obligó al oficialismo a revisar su estrategia legislativa. Según trascendió, el fallo tomó por sorpresa al Gobierno, que ahora busca desactivar la ofensiva opositora mientras intenta avanzar con el Presupuesto 2027, la eliminación de las PASO y otros proyectos pendientes. Como respuesta, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, evalúa impulsar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para contrarrestar la iniciativa opositora y contener a los sectores aliados. Por su parte, Milei intentó despegarse de la controversia y calificó como «fantástico» que la Corte falle según su interpretación de la Constitución, pese a las repercusiones políticas que generó la resolución.
 

Más allá de la disputa por la propiedad de las tierras, el fallo de la Corte también establece un criterio sobre la legitimación de las organizaciones para impulsar demandas colectivas, lo que podría dificultar futuros cuestionamientos judiciales contra medidas del Poder Ejecutivo. La resolución, además, reavivó el debate sobre los límites entre los poderes del Estado y el alcance de la soberanía nacional frente a la desregulación impulsada por Milei. Con la oposición decidida a llevar el conflicto al recinto y a las calles, el 15 de octubre se perfila como una fecha clave para medir la capacidad parlamentaria del peronismo y la respuesta política del oficialismo ante una disputa que excede la Ley de Tierras y compromete el debate sobre el modelo de país.

Con información de Página 12 / Imagen: Guido Piotrkowski / Redaacción: La Rosca