La oposición desafía a Milei y busca voltear el DNU 70/2023 en Diputados

El escenario parlamentario se tensó luego de que la Corte Suprema revocara el fallo que había frenado la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales. La decisión reactivó la disputa por la extranjerización de las tierras y aceleró los movimientos de la oposición, que busca reunir los 129 diputados necesarios para abrir el recinto el 15 de octubre. La convocatoria incluye, además, el debate sobre el endeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. 
 

Frente a esta ofensiva, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reordenó la estrategia legislativa del oficialismo con el objetivo de impedir que el decreto quede expuesto a una nueva derrota. La Libertad Avanza evalúa convocar a una sesión el 21 de octubre para tratar iniciativas vinculadas con la discapacidad y la educación financiera, dos proyectos que interesan a los bloques dialoguistas y que podrían funcionar como herramientas de negociación para restarle apoyos a la oposición. También está en análisis la posibilidad de reincorporar modificaciones sobre la compra de tierras por extranjeros al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque esa alternativa permanece en suspenso.
 

La disputa por la Ley de Tierras ya había generado tensiones dentro del propio oficialismo. Durante el tratamiento de la iniciativa en el Senado, Patricia Bullrich aceptó retirar el capítulo que flexibilizaba las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, luego de las dificultades para conseguir consenso y de las movilizaciones populares en defensa de la soberanía territorial. La senadora reconoció posteriormente que impulsar ese apartado mientras la cuestión permanecía judicializada pudo haber sido una decisión apresurada, en una nueva señal de las diferencias sobre la estrategia legislativa del Gobierno.
 

En paralelo, el oficialismo busca utilizar la agenda parlamentaria para contener a sus aliados. El proyecto de Emergencia en Discapacidad aparece como una de las principales herramientas de negociación, en un contexto en el que la propuesta presupuestaria del Gobierno para 2027 contempla disposiciones que contrastan con los reclamos de las organizaciones del sector. A esto se suma la iniciativa de Educación Financiera, que obtuvo dictamen, aunque su alcance está centrado en modificar disposiciones de la legislación vigente y no en brindar una respuesta directa al creciente endeudamiento de los hogares.
 

La estrategia del Gobierno también se apoya en las negociaciones que Diego Santilli mantiene con los gobernadores, con quienes busca construir acuerdos que trasciendan la reforma política y la eventual suspensión de las PASO. La presencia de mandatarios provinciales en París, entre ellos Rogelio Frigerio, Ignacio Torres, Alfredo Cornejo, Gustavo Sáenz y Raúl Jalil, forma parte de un escenario de diálogo que el oficialismo considera clave para garantizar respaldo legislativo. Sin embargo, esos entendimientos deberán traducirse en posiciones concretas dentro del Congreso para incidir en la sesión convocada por la oposición.
 

El punto central de la disputa es la continuidad del DNU 70/2023, una de las principales herramientas del programa económico de Milei. El decreto introdujo profundas modificaciones en la legislación argentina, derogó normas como la Ley de Alquileres, la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas, habilitó cambios en el régimen de las empresas estatales y avanzó en la desregulación de sectores como la medicina prepaga, el mercado aerocomercial y el comercio exterior. También modificó aspectos de la legislación laboral, aunque parte de esas disposiciones fue frenada judicialmente. Su eventual rechazo en Diputados abriría un nuevo escenario institucional y económico para el Gobierno.
 

Mientras la Casa Rosada confía en que podrá reunir los votos para proteger el decreto, la oposición intenta transformar el fallo de la Corte en un punto de articulación política que permita ampliar sus acuerdos parlamentarios. La convocatoria del 15 de octubre no solo pone en discusión la derogación del DNU, sino que también reúne demandas sociales vinculadas con la discapacidad, el endeudamiento y la defensa de la soberanía territorial. El desafío para los bloques opositores será convertir ese frente común en quórum y mayorías efectivas, mientras el oficialismo despliega negociaciones para sostener uno de los pilares normativos de su gestión.

Con información de Página 12 / Imagen: NA / Redacción: La Rosca