Diputados retoma el debate por la Ley de Defensa de la Soberanía

La Cámara de Diputados retomará este martes el debate en comisión del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía, en una discusión atravesada por el reciente fallo de la Corte Suprema que revocó una decisión judicial que había frenado operaciones de venta de tierras a empresarios extranjeros.
 

El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue convocado para las 15.30, luego de que la reunión de la semana pasada terminara abruptamente por los cruces y acusaciones entre el dirigente social Juan Grabois y diputados de La Libertad Avanza.
 

La jornada estará encabezada por los titulares de las tres comisiones: Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado. Está prevista la participación de especialistas y representantes de distintas organizaciones, entre ellos el exministro Daniel Filmus, el exsecretario de Malvinas Guillermo Carmona, el intendente de Punta Indio David Angueira y referentes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata.
 

También fueron convocados representantes del Observatorio Malvinas, el CELS, la UBA, la Liga Naval Argentina y centros de excombatientes del Atlántico Sur, además de especialistas en política internacional, criminalística, defensa y seguridad.
 

Un proyecto con fuertes atribuciones para el Estado

La iniciativa propone reemplazar la actual Ley 26.659 y ampliar las restricciones vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes. Las nuevas disposiciones alcanzarían tanto a recursos renovables como no renovables cuando su aprovechamiento no sea autorizado por la Argentina.
 

El proyecto contempla penas de hasta 20 años de prisión, inhabilitaciones para operar en el país y la creación de un registro público de infractores, con la prohibición para el Estado y los particulares de contratar con las personas o entidades incluidas. También incorpora el juicio en ausencia para los delitos contemplados por la futura normativa.
 

Uno de los puntos centrales es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. El organismo tendría funciones de coordinación estratégica en materia diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia.
 

El proyecto también establece mecanismos para responder ante amenazas consideradas graves e inminentes. Entre las facultades previstas aparecen restricciones temporales a operaciones cambiarias y financieras, bloqueo de fondos y activos, suspensión de autorizaciones y contrataciones, limitaciones a importaciones y exportaciones y modificaciones transitorias de derechos aduaneros.
 

Defensa, inteligencia y procesos electorales

La iniciativa incorpora además disposiciones vinculadas con la protección de los procesos democráticos. Prohíbe aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas, y crea nuevos delitos vinculados con la revelación de secretos a otros Estados, operaciones clandestinas de inteligencia y acciones financiadas desde el exterior destinadas a alterar procesos electorales.
 

También se incluyen figuras relacionadas con campañas coordinadas de desinformación masiva y el financiamiento de actos de violencia o sabotaje. A su vez, el proyecto redefine el alcance de la Defensa Nacional y contempla su intervención en materia de seguridad interna frente a determinadas amenazas externas, estatales y no estatales.
 

Otro capítulo incorpora por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que permitiría inmovilizar bienes y restringir operaciones económicas y financieras con personas o entidades incorporadas al registro.
 

El debate en comisión vuelve así a colocar en el centro de la discusión parlamentaria el alcance de las facultades del Estado en materia de soberanía territorial, recursos naturales, defensa, inteligencia, seguridad y protección de los procesos electorales, en un escenario político atravesado además por la discusión sobre la propiedad extranjera de tierras.

Con información e imagen de NA / Redacción: La Rosca