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Martes 6 de octubre de 2026
Una causa judicial que enfrenta al Banco Santander con un cliente que denuncia la aplicación de tasas presuntamente usurarias quedó atravesada por un particular cruce de intereses políticos, judiciales y empresariales. Según publicó La Política Online, la entidad bancaria es defendida por Rodolfo Bullrich, primo de la senadora Patricia Bullrich, mientras que el expediente está en manos del juez Fernando Gabriel D'Alessandro, quien busca ser designado como vocal de la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
El dato adquiere relevancia porque el pliego de D'Alessandro debe ser analizado por la Comisión de Acuerdos del Senado, ámbito en el que Patricia Bullrich ejerce como jefa del bloque de La Libertad Avanza. Al mismo tiempo, el magistrado tiene pendiente una resolución vinculada con el litigio en el que interviene el abogado Bullrich en representación del Santander.
De acuerdo con fuentes con acceso a la causa citadas por LPO, D'Alessandro rechazó un pedido de medida cautelar para suspender el reporte de incobrabilidad del demandante ante el Banco Central, pese a que se había ofrecido una caución real para respaldar la solicitud. Las mismas fuentes cuestionaron que el magistrado haya considerado como prueba capturas de pantalla provenientes de sistemas internos del Santander, acompañadas de mensajes unilaterales de la entidad.
El expediente también expone el crecimiento de una deuda que, según la defensa del denunciante, pasó de $52 millones en julio de 2025 a $77 millones en apenas cuatro meses. El planteo sostiene que se incorporaron $21 millones en intereses y otros $4 millones correspondientes al IVA sobre esos intereses, mientras que durante ese mismo período la inflación oficial acumulada habría sido del 6,02%.
La denuncia sostiene además que el origen del endeudamiento estuvo relacionado con operaciones realizadas mediante tarjetas VISA y American Express y transferencias a través de Mercado Pago. Según la presentación, se habría generado una dinámica de refinanciación y pagos mínimos que terminó incrementando el saldo de la deuda y los intereses aplicados por la entidad bancaria.
A esto se suma una denuncia por presunto hostigamiento extrajudicial. La persona damnificada sostiene que una agencia de cobranzas habría realizado comunicaciones reiteradas no sólo al titular de los productos financieros, sino también a antiguos empleadores y al teléfono de su cónyuge. El caso fue llevado además al ámbito penal, donde se planteó la existencia de una presunta maniobra de usura crediticia.
El vínculo profesional también aparece en el plano empresarial. Rodolfo Bullrich integra el estudio Nicholson & Cano, cuyo managing partner, Santiago Nicholson, participó de un almuerzo privado con empresarios y la senadora Patricia Bullrich durante el 62° Coloquio de IDEA. Para LPO, la causa adquiere una dimensión política adicional porque se desarrolla en un contexto marcado por las reformas y desregulaciones impulsadas por el Gobierno de Javier Milei y por el debate sobre el endeudamiento de las familias.
Mientras el juez D'Alessandro busca avanzar con su postulación para llegar a la Cámara Comercial, el expediente contra Santander permanece abierto y con planteos pendientes de resolución. La coincidencia entre el proceso judicial, la defensa ejercida por un familiar de la senadora y el tratamiento legislativo del pliego del magistrado coloca el caso bajo una particular lupa institucional.
Con información de LPO / Imagen: Juan Casas / Redacción: La Rosca
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