La Corte quedó dividida por la ley de tierras y convocan a dos conjueces

La Corte Suprema de Justicia quedó nuevamente en el centro de la escena política luego de que debiera recurrir a dos conjueces para resolver el planteo presentado por la ONG Árbol de Pie, representada por la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. La organización pidió que el máximo tribunal aclare si el fallo dictado contra los excombatientes de Malvinas alcanza también a su presentación para proteger la denominada ley de tierras.
 

La resolución de la Corte contra los integrantes del CECIM había generado un fuerte impacto político y abrió un nuevo frente de conflicto en el Congreso. La oposición convocó a una sesión especial para el próximo 15 de octubre con el objetivo de avanzar contra el DNU 70/23, que derogó la norma sancionada en 2011 que limitaba la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
 

La controversia también provocó movimientos dentro del propio máximo tribunal. Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz difundieron un comunicado en el que cuestionaron las críticas recibidas tras el fallo y denunciaron la circulación de lo que calificaron como “discursos de odio”. Sin embargo, Rosenkrantz posteriormente sostuvo públicamente que los jueces deben actuar con “temple”, en una señal de las diferencias que atraviesan al tribunal.
 

Según fuentes citadas por LPO, el nuevo expediente habría profundizado esas diferencias. Rosatti y Lorenzetti estarían dispuestos a conceder la cautelar solicitada por Árbol de Pie, mientras que Rosenkrantz habría adoptado una posición contraria. La falta de unanimidad obligó a convocar a dos conjueces, debido a que la Corte actualmente funciona con apenas tres integrantes sobre los cinco cargos previstos.
 

El conflicto judicial se proyecta directamente sobre el escenario político. El Gobierno necesita que la Corte avance sobre la cautelar vinculada con la ley de tierras en un momento en que el oficialismo busca sostener negociaciones con bloques aliados para suspender las PASO y avanzar con el Presupuesto 2027.
 

Mientras tanto, la oposición mantiene su ofensiva contra el DNU 70/23. Según fuentes parlamentarias citadas por LPO, quedarían 14 diputados para alcanzar el quórum necesario para la sesión convocada para el 15 de octubre. En ese marco, el fallo de la Corte sobre la ley de tierras se convirtió en un factor adicional de presión sobre las negociaciones legislativas del oficialismo.
 

La eventual incorporación de los conjueces Pérez Curci y Barroetaveña podría modificar la relación de fuerzas dentro del tribunal para resolver el planteo de Árbol de Pie. La definición no sólo tendrá consecuencias jurídicas sobre la protección de la ley de tierras, sino que también podría incidir sobre un escenario político en el que el Gobierno enfrenta dificultades para ordenar su agenda legislativa.

Con información de LPO / Imagen: Juan Casas / Redacción: La Rosca