La Justicia frena el avance del Gobierno sobre la información de las tierras bonaerenses

La disputa por la soberanía sobre el territorio volvió a quedar en el centro de la escena política y judicial. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata hizo lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo bonaerense y ordenó al Gobierno nacional preservar la información existente sobre las tierras rurales de la provincia. La resolución establece además un plazo de cinco días para que el Ministerio de Justicia informe hasta cuándo fueron actualizadas las bases de datos.
 

La decisión llega en medio de la controversia abierta por la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023 y después del reciente fallo de la Corte Suprema que ratificó la vigencia de esa derogación. Sin pronunciarse sobre el fondo de la legislación, el juzgado platense puso el foco en una cuestión estratégica: que el Estado no pierda los registros que permiten saber quiénes son los titulares de las tierras rurales y dónde están ubicadas.
 

La presentación había sido impulsada por la Defensoría del Pueblo bonaerense, conducida por Guido Lorenzino, ante el riesgo de que la caída de los mecanismos de control también dejara sin efecto o pusiera en peligro el mapa dominial construido durante los años de vigencia de la normativa. El planteo reclamó conservar íntegramente los antecedentes registrales acumulados durante los últimos 15 años.
 

El punto tiene una fuerte dimensión política: sin información sobre la propiedad de la tierra, el Estado pierde capacidad para conocer y planificar sobre su propio territorio. La Justicia consideró que la pérdida o alteración de esos datos podría generar un daño irreversible para la planificación y el desarrollo sostenible de la provincia, razón por la cual ordenó garantizar su conservación.
 

La preocupación adquiere particular relevancia en distritos como Campana y Zárate, señalados por la Defensoría entre aquellos con alta concentración de titularidad extranjera. Para Lorenzino, mantener estos registros resulta indispensable frente a un escenario en el que se flexibilizaron los controles sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
 

“Proteger la información pública sobre nuestro territorio es central para garantizar la sustentabilidad ambiental y los derechos de las futuras generaciones”, sostuvo Lorenzino. El planteo instala así una discusión que excede el expediente judicial: mientras el Gobierno nacional avanza con una política de desregulación, la Justicia provincial preserva las herramientas de información que permiten al Estado conocer qué ocurre con un recurso estratégico como el suelo rural.
 

La cautelar no revierte la derogación de la Ley de Tierras ni resuelve el debate de fondo sobre la extranjerización. Pero introduce un límite concreto frente al riesgo de que la desregulación termine también borrando la memoria administrativa del territorio. En plena disputa política por el alcance del DNU 70/2023, los datos sobre quién posee la tierra vuelven a convertirse en una pieza central de la discusión sobre soberanía, recursos naturales y capacidad estatal.

Con información de Página 12 / Imagen: Ruralnet / Redacción: La Rosca