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Jueves 8 de octubre de 2026
La Corte Suprema de Justicia aceleró los tiempos para resolver un nuevo planteo contra la derogación de la Ley de Tierras, una norma que establece límites a la adquisición de terrenos rurales por parte de extranjeros. El presidente del tribunal, Horacio Rosatti, convocó a un acuerdo extraordinario para este viernes a las 9, en un movimiento que podría modificar el escenario judicial abierto por el DNU 70/2023 del gobierno de Javier Milei.
El expediente corresponde a la causa impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades mapuches Lafkenche y lof Fvta Anecon, la legisladora rionegrina Magdalena Odarda y otros amparistas. El planteo solicita una medida cautelar para frenar los efectos de la derogación de la ley, mientras se discute la protección de derechos ambientales y territoriales de las comunidades indígenas.
La señal más relevante del movimiento judicial fue la decisión de abreviar los plazos para que las partes acepten o recusen a los conjueces designados por sorteo. En lugar de las 72 horas habituales, la Corte estableció un plazo de 24 horas, invocando las particulares circunstancias de la causa. Los jueces sorteados fueron Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
El movimiento de la Corte se produce después de la controversia generada por su decisión en el expediente del Centro de ExCombatientes de La Plata (CECIM), al que rechazó por considerar que no tenía legitimación para impulsar la demanda. Ese fallo dejó en pie la derogación de la Ley de Tierras establecida por el artículo 154 del DNU 70/2023, con el consecuente levantamiento de las restricciones que limitaban la compra de tierras rurales por extranjeros.
La resolución provocó cuestionamientos de organizaciones ambientales, sectores jurídicos, referentes políticos y comunidades indígenas. Las protestas frente al Palacio de Justicia y las críticas públicas colocaron a los integrantes del máximo tribunal en el centro de una discusión que excede los tecnicismos procesales: qué modelo de protección territorial y de soberanía sobre los recursos naturales está dispuesto a garantizar el Estado argentino.
El caso Árbol de Pie ofrece ahora una vía diferente para revisar los efectos de aquella decisión. A diferencia del planteo del CECIM, sus impulsores sostienen que están en juego derechos de incidencia colectiva relacionados con el ambiente y los territorios ancestrales de las comunidades indígenas. Por eso, solicitaron una aclaratoria después de advertir que la sentencia anterior no había abordado su expediente ni resuelto la cautelar pendiente.
La discusión también se proyecta sobre el Congreso, donde se reactivó la posibilidad de debatir el rechazo integral del DNU 70. La sesión prevista para el jueves 15 de octubre podría convertir el conflicto por la Ley de Tierras en parte de una disputa institucional más amplia sobre el alcance de las reformas impulsadas por Milei.
La aceleración del trámite también expone las dificultades de una Corte integrada por tres ministros. Según la información publicada sobre el expediente, existirían diferencias internas respecto de cómo resolver la controversia. Carlos Rosenkrantz sostendría una posición favorable a mantener los efectos de la derogación, mientras que sus colegas no compartirían necesariamente ese criterio.
La designación de conjueces busca permitir que el tribunal avance en una causa en la que deben completarse las condiciones para una decisión. El acortamiento de los plazos, sin embargo, refleja la urgencia con la que la Corte pretende encauzar un expediente que llevaba sin movimientos desde agosto de 2024.
Tras las críticas al fallo del CECIM, los supremos difundieron un comunicado en el que defendieron su actuación y señalaron que la sentencia se había limitado a una cuestión procesal. También reivindicaron sus antecedentes en materia de protección ambiental y de bienes colectivos, una referencia que cobró relevancia ante la nueva presentación.
El interrogante es si el tribunal utilizará el expediente de Árbol de Pie para examinar de manera urgente las consecuencias de la derogación o si optará por remitir la causa a instancias inferiores para que allí se resuelva. Una eventual cautelar podría suspender los efectos del artículo 154 del DNU y restablecer provisionalmente los límites a la adquisición de tierras rurales por extranjeros.
La controversia revela un punto central del programa de desregulación del Gobierno: la modificación de las reglas que protegen un recurso estratégico como la tierra rural. La posibilidad de que capitales extranjeros accedan sin las restricciones anteriores plantea interrogantes sobre la soberanía territorial, la protección ambiental y los derechos de las comunidades originarias.
Una decisión cautelar favorable a los amparistas no resolvería necesariamente el fondo de la cuestión, pero podría frenar temporalmente los efectos de la derogación mientras continúa el proceso judicial. En cambio, una resolución adversa dejaría vigente el escenario abierto por el fallo anterior, sin perjuicio de otros planteos que puedan presentarse.
La Corte enfrenta así una definición que combina derecho constitucional, protección ambiental y consecuencias económicas y políticas. En un contexto de cuestionamientos públicos y debate parlamentario, el próximo pronunciamiento podría convertirse en una pieza clave de la disputa institucional por el alcance del DNU 70/2023 y el futuro de la Ley de Tierras.
Con información de Página 12 / Imagen: Comunicación Senado / Redacción: La Rosca
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