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Política
Viernes 9 de octubre de 2026
El gobierno de Javier Milei puso en marcha una estrategia de último momento para evitar que la oposición avance en Diputados con el rechazo del DNU 70/2023, una de las principales herramientas de su programa de desregulación. A la espera de una nueva definición de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras, La Libertad Avanza busca reponer restricciones a la compra de campos por extranjeros mediante el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La maniobra tiene un objetivo político concreto: desactivar la sesión prevista para el 15 de octubre y preservar el andamiaje normativo que el Ejecutivo impulsó por decreto, sin el debate parlamentario integral que una reforma de semejante alcance habría requerido. El oficialismo pretende recuperar por una vía legislativa parte de las restricciones que eliminó mediante el artículo 154 del megadecreto, en un intento por contener a sectores opositores y aliados que cuestionan la extranjerización irrestricta de tierras rurales.
La contradicción quedó expuesta después de una reunión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con representantes del MID, el PRO, la UCR, Provincias Unidas y fuerzas provinciales, además del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Aunque las conversaciones estuvieron centradas en el Presupuesto 2027, los bloques dialoguistas reclamaron una salida política para restablecer los límites a la propiedad extranjera de tierras y evitar que el conflicto termine debilitando al Gobierno en el Congreso.
El acuerdo, según la información difundida sobre el encuentro, apunta a recuperar el régimen vigente antes del DNU. En ese marco, el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para el 14 de octubre, apenas un día antes de la sesión opositora. La coincidencia de fechas no es un detalle administrativo: es una jugada parlamentaria para ofrecer una respuesta parcial a los cuestionamientos y evitar que el rechazo del decreto reúna una mayoría suficiente.
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada había salido del Senado sin el capítulo referido a la extranjerización de tierras, después de la presión social ejercida durante agosto. Lo que el Gobierno consideraba una iniciativa debilitada por la eliminación de artículos centrales para su agenda desreguladora ahora se transforma en una herramienta para negociar con sus aliados y proteger el resto del DNU 70/2023.
La estrategia revela los límites políticos del oficialismo. Después de defender la eliminación de las restricciones a la compra de tierras por extranjeros como parte de su programa de liberalización económica, Milei ahora evalúa reincorporarlas para evitar que el Congreso avance contra el decreto. La prioridad ya no parece ser sostener cada una de las medidas originales, sino impedir que la oposición consiga una victoria parlamentaria capaz de poner en cuestión el alcance de su política de desregulación.
El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, cuestionó la maniobra y resumió la contradicción oficialista con una expresión contundente: «Reculan en chancletas». El legislador vinculó el movimiento con el escenario de un eventual rechazo opositor al DNU en la sesión del 15 de octubre.
La discusión, además, tiene consecuencias institucionales. Si el proyecto se aprobara con modificaciones en Diputados, debería regresar al Senado para completar su tratamiento. El oficialismo apuesta a que esa concesión alcance para modificar el escenario político, aunque la oposición sostiene que la convocatoria no altera el objetivo de rechazar el megadecreto.
La estrategia del Gobierno también está condicionada por los movimientos de la Corte Suprema. La falta de unanimidad entre sus integrantes llevó al máximo tribunal a convocar a dos conjueces para resolver una demanda ambiental presentada por la organización Árbol de Pie contra el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales de 2011.
En la Casa Rosada interpretan que una eventual resolución favorable a la legitimación de la ONG para litigar podría modificar el escenario y reducir la presión sobre el Congreso para restablecer las restricciones por vía legislativa. El Gobierno busca utilizar esa posibilidad como argumento ante los bloques dialoguistas y los gobernadores que reclaman una salida al conflicto.
Sin embargo, la oposición mantiene su hoja de ruta. El diputado catamarqueño Sebastián Nóblega confirmó que su bloque, Elijo Catamarca, dará quórum y votará contra el megadecreto. Los encargados de reunir los apoyos opositores sostienen que los movimientos de la Corte no modificarán el temario previsto para la sesión.
El desafío será reunir los 129 diputados necesarios para abrir el debate. Si lo consigue, la oposición tendrá la oportunidad de avanzar contra una norma central del programa libertario. Si fracasa, el oficialismo podrá presentar el resultado como una ratificación de su capacidad para sostener acuerdos parlamentarios, aun cuando deba retroceder en algunos de sus planteos originales.
La Ley de Tierras Rurales fue sancionada en 2011 en medio de una discusión internacional sobre la expansión de grandes capitales sobre territorios ricos en recursos naturales. La norma estableció un límite del 15% a la propiedad o posesión extranjera de tierras rurales, tanto en el ámbito nacional como en cada provincia y municipio.
Uno de los antecedentes que alimentaron aquel debate ocurrió en La Rioja. Durante la discusión parlamentaria, el senador Fernando Rejal recordó que en 2008 el Banco Nación remató el paraje Valle Hermoso y que unas 200.000 hectáreas quedaron en manos del rabino estadounidense Yosef Jaime Libersohn. Según lo expuesto en ese debate, la operación involucró un territorio con habitantes, escuelas, una iglesia y recursos hídricos estratégicos.
Tres años después, ese tipo de antecedentes formó parte de los argumentos para establecer límites a la adquisición extranjera de tierras. La controversia actual vuelve a poner en el centro una discusión que excede el mercado inmobiliario rural: quién controla el territorio, cómo se protege el acceso a los recursos naturales y qué capacidad tiene el Estado para regular operaciones que comprometen intereses estratégicos.
La pulseada del 15 de octubre, por lo tanto, no se limita a una disputa de reglamentos y mayorías. Pone en juego la supervivencia de una de las principales herramientas de Milei para gobernar por decreto y exhibe las tensiones de una alianza parlamentaria que, frente a la presión política y social, comienza a exigir límites a algunas de las medidas más profundas del programa libertario.
Con información de Página 12 / Imagen: Prensa Diputados / Redacción: La Rosca
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