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Política
Viernes 9 de octubre de 2026
Javier Milei encara la recta final del año con varios conflictos abiertos que ponen a prueba la capacidad política de su Gobierno. La necesidad de avanzar con los proyectos legislativos, contener los movimientos de Patricia Bullrich y responder a los reclamos del sector industrial configura un escenario de tensiones que excede las discusiones parlamentarias y expone las dificultades del oficialismo para sostener su programa económico sin profundizar el deterioro productivo.
En el Congreso, una de las prioridades de La Libertad Avanza es avanzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que endurece las sanciones contra las empresas que explotan recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el proyecto enfrenta cuestionamientos por los artículos que crean un Consejo de Seguridad Nacional con amplias atribuciones, una controversia que amenaza con trabar su aprobación definitiva.
La oposición advierte que el organismo podría concentrar facultades estratégicas en manos del Presidente, desde el diseño de la política de seguridad hasta la coordinación y supervisión de organismos estatales y el control de espacios aéreos, marítimos y fluviales. También cuestiona la posibilidad de adoptar medidas urgentes ante determinadas amenazas, por considerar que el alcance de esas competencias requiere mayores precisiones y controles institucionales.
El diputado nacional de Unión por la Patria Agustín Rossi anticipó que ese capítulo será objeto de modificaciones durante el tratamiento en la Cámara baja. En ese escenario, señaló a Patricia Bullrich como una de las dirigentes que podría habilitar cambios, en línea con otras discusiones en las que la exministra de Seguridad tomó distancia de posiciones del oficialismo.
La relación entre Milei y Bullrich se convirtió en otro foco de atención en la Casa Rosada. Según fuentes del oficialismo citadas en la información de base, la senadora incomoda con sus posicionamientos y aprovecha las diferencias políticas para construir un perfil propio, aunque dentro del Gobierno consideran que no romperá con La Libertad Avanza.
La disputa tiene una dimensión que excede las diferencias sobre proyectos puntuales. En Balcarce 50 interpretan que Bullrich busca fortalecer su posición de cara a las negociaciones electorales de 2027, con el objetivo de obtener mayor influencia en las listas y en la estructura de poder libertaria.
Sus cuestionamientos a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y sus planteos sobre el Presupuesto 2027, particularmente por el impacto del ajuste sobre el sistema de discapacidad, muestran que el oficialismo debe administrar diferencias incluso entre figuras centrales de su propio espacio.
La estrategia de Bullrich, según esa lectura interna, consiste en marcar diferencias sin abandonar el bloque gobernante. Esa dinámica obliga a los hermanos Javier y Karina Milei a mantener mecanismos de contención política para evitar que las tensiones internas se traduzcan en nuevas dificultades parlamentarias.
En un Gobierno que necesita reunir apoyos para aprobar sus iniciativas, cada desacuerdo adquiere un peso específico. La negociación legislativa ya no depende solamente de convencer a los bloques opositores y a los gobernadores: también exige administrar las disputas de liderazgo dentro de la propia coalición.
Mientras la agenda política se concentra en las negociaciones parlamentarias, la crisis industrial agrega presión sobre el Ejecutivo. Empresarios y dirigentes sectoriales reclaman medidas frente a la caída de la demanda interna y el avance de las importaciones, dos factores que golpean la actividad manufacturera y ponen en riesgo miles de puestos de trabajo.
Los datos incluidos en el informe de septiembre de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) muestran la dimensión del problema: entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, la industria bonaerense perdió 30.748 empleos registrados, una caída del 5,7%.
La cifra constituye una señal de alarma para uno de los principales distritos industriales y electorales del país. La reducción del empleo formal no solo afecta a los trabajadores y sus familias, sino que también debilita el consumo, repercute sobre las economías locales y compromete la actividad de las pequeñas y medianas empresas que integran las cadenas de producción.
En ese contexto, referentes industriales reclaman que el Gobierno contemple las dificultades de las fábricas nacionales y revise las condiciones en las que compiten con productos importados. Entre los sectores empresariales también crece la preocupación por el contrabando, que, según advirtió Paolo Rocca, referente del grupo Techint, afecta la rentabilidad de las compañías.
El planteo empresarial pone sobre la mesa una contradicción central del modelo económico: mientras el Ejecutivo promueve la apertura comercial como mecanismo para incrementar la competencia, distintos sectores productivos advierten que la combinación de menor demanda interna, importaciones y controles insuficientes puede acelerar la pérdida de capacidad industrial.
La discusión sobre el contrabando y los controles aduaneros también llegó a los sindicatos y a dirigentes del oficialismo bonaerense. Entre esos sectores existe preocupación por la capacidad operativa de la Aduana, que, según los cuestionamientos recogidos, se habría debilitado por el ajuste y la reducción de personal destinado a tareas de fiscalización.
El reclamo tiene un componente económico y otro político. Los empresarios exigen condiciones de competencia que impidan el ingreso irregular de mercadería, mientras los gremios advierten sobre las consecuencias que la caída de la producción tiene sobre el empleo. Ambos sectores coinciden en reclamar controles más eficaces, aunque sus planteos no necesariamente implican una posición común sobre el conjunto de la política económica.
Para Milei, el desafío consiste en sostener la apertura comercial sin profundizar el retroceso industrial, preservar los acuerdos parlamentarios y evitar que las diferencias internas se transformen en un obstáculo para su gestión. La dificultad es que esos frentes están conectados: la pérdida de empleo incrementa los reclamos sectoriales, las tensiones económicas repercuten sobre la discusión presupuestaria y las disputas políticas condicionan la capacidad del Gobierno para construir mayorías.
La recta final del año encuentra así al oficialismo ante una prueba que combina gestión, economía y poder. La aprobación de sus proyectos será un indicador de su fortaleza parlamentaria, pero la evolución del empleo industrial y su capacidad para responder a las demandas productivas también pondrán a prueba los resultados concretos de su programa económico.
Con información e imagen de NA / Redacción: La Rosca
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