Flybondi al borde del colapso: deudas millonarias, pasajes sin devolver y cientos de trabajadores afectados

La crisis de Flybondi llegó a una instancia decisiva con la solicitud de apertura de un concurso preventivo de acreedores ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 24. Según la información difundida por Mundo Gremial, la compañía acumula una deuda superior a los 120 millones de dólares, mientras los pasajeros enfrentan dificultades para recuperar el dinero de los vuelos cancelados y los trabajadores denuncian las consecuencias laborales de la paralización de la empresa.
 

El impacto de la crisis excede el funcionamiento de una aerolínea. Miles de usuarios quedaron expuestos a la incertidumbre sobre sus reembolsos, en un escenario que vuelve a poner bajo la lupa las responsabilidades empresariales y la capacidad de los organismos públicos para proteger a quienes compran servicios por adelantado. La situación también abre interrogantes sobre los controles y las condiciones en las que operan las compañías privadas del transporte aerocomercial.
 

La abogada especialista en Derecho del Consumidor Leticia Pelle advirtió que los pasajeros no perdieron el derecho al reintegro, pero ahora deberán competir con el conjunto de los acreedores de la empresa. Con la eventual apertura del concurso, los mecanismos habituales de reclamo podrían quedar limitados por las reglas del proceso judicial, lo que complicaría la recuperación inmediata del dinero.
 

Entre las alternativas disponibles, Pelle señaló la posibilidad de solicitar una reversión del pago mediante la tarjeta de crédito o débito, cuando corresponda, y la verificación formal del crédito dentro del expediente judicial. Sin embargo, quienes no logren recuperar el dinero por la vía bancaria podrían afrontar un proceso prolongado, con el riesgo de que la inflación reduzca significativamente el valor real del eventual reintegro.
 

El frente laboral agrava el cuadro. De acuerdo con los datos consignados en la información original, la compañía pasó de concentrar el 17% del tráfico de cabotaje a una participación marginal del 0,1%, mientras su flota operativa se redujo de 13 aeronaves a apenas tres unidades. A esto se suman más de 900 desvinculaciones denunciadas, salarios impagos y conflictos por acuerdos de retiro voluntario, con consecuencias para cientos de familias.
 

La crisis también reabre la discusión sobre el modelo de relaciones laborales de Flybondi y la fragmentación de la representación sindical dentro de la compañía. Mientras organizaciones como APLA y Aeronavegantes cuestionaron ese esquema, la evolución del conflicto expuso dificultades para articular una respuesta gremial coordinada frente a los despidos y la pérdida de puestos de trabajo.
 

El caso plantea, finalmente, un interrogante político y económico de fondo: ¿quién asume los costos cuando una empresa privada no puede garantizar los servicios que vendió ni cumplir con sus obligaciones laborales? En un mercado donde los usuarios pagan por adelantado y los trabajadores dependen de la continuidad de la actividad, el derrumbe de Flybondi vuelve a poner en discusión los límites de la desregulación, la responsabilidad empresaria y el papel del Estado en la protección de los derechos de la ciudadanía.

Con información e image de Mundo Gremial / Redacción: La Rosca