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Jueves 15 de octubre de 2026 | Santiago del Estero, Argentina
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Jueves 15 de octubre de 2026
El gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo revés judicial por su resistencia a aplicar la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. El juez federal Martín Cormick resolvió imponer multas diarias de 100.000 pesos al jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el incumplimiento de las resoluciones que ordenan actualizar los salarios docentes y no docentes, además de las becas estudiantiles. La decisión llega en la antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria, en una jornada que promete trasladar el conflicto desde los tribunales hacia las calles.
La resolución expone una contradicción central para una administración que reivindica las consignas de “ley y orden”, pero que mantiene una disputa judicial por la aplicación de una norma aprobada por el Congreso. El conflicto comenzó cuando Milei vetó la ley mediante el decreto 647/2025. Tras la insistencia parlamentaria, el Ejecutivo recurrió al decreto 759/2025 para condicionar su aplicación a la identificación de las partidas presupuestarias. El martes pasado, Cormick declaró inconstitucional ese mecanismo, al considerar que el Gobierno había recurrido a una vía contraria al orden constitucional para evitar cumplir la decisión legislativa.
La batalla judicial lleva meses. En diciembre de 2025, el magistrado había dictado una medida cautelar que ordenaba actualizar los salarios del personal universitario y las becas. El Gobierno apeló, pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión. Posteriormente, la Corte Suprema rechazó los planteos del Poder Ejecutivo contra la cautelar, que quedó firme y cuya ejecución continúa pese a la apelación presentada contra el fallo de fondo.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamó que se hiciera efectivo el apercibimiento ante la falta de cumplimiento. Después de intimar al Gobierno el 22 y el 30 de septiembre, Cormick dispuso las llamadas astreintes: sanciones económicas diarias destinadas a vencer la resistencia de quien desobedece una orden judicial. La medida alcanza a Santilli por las atribuciones que tiene como jefe de Gabinete en la administración general del país, y el juez advirtió que podrá modificar tanto los montos como los funcionarios alcanzados.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó que estas sanciones no buscan principalmente castigar ni indemnizar, sino asegurar la efectividad de las resoluciones judiciales. En términos institucionales, la decisión introduce una presión concreta sobre un funcionario responsable de la administración nacional y limita el margen para prolongar indefinidamente el incumplimiento de una orden firme.
Desde la Casa Rosada ya anticiparon que apelarán la resolución, mientras los gremios universitarios reclaman un aumento salarial del 34%. Las negociaciones habían registrado un principio de acuerdo por una recomposición del 24,33%, distribuida entre junio y octubre, pero ese entendimiento no resolvió la totalidad del atraso acumulado. La discusión salarial continúa trabada y la brecha entre los ingresos y la inflación sigue en el centro del conflicto.
El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, valoró que la multa se haya dirigido contra una autoridad competente y no contra el Estado de manera genérica. Para las universidades, la resolución constituye un avance en el camino judicial, aunque todavía resta garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y de los fallos.
La disputa judicial coincide con una nueva movilización en defensa de la educación pública. Desde las 10.30, centros de estudiantes, sindicatos docentes y organizaciones universitarias comenzarán a concentrarse en las inmediaciones del Congreso para reclamar el financiamiento de las casas de altos estudios. La convocatoria también confluirá con sectores de personas con discapacidad, jubilados y organizaciones que cuestionan distintas políticas del Gobierno nacional.
En paralelo, Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, presentó una denuncia penal contra Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el ahogo financiero de las universidades. La presentación quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo. La denuncia abre otra vía de discusión judicial, independiente de la ejecución de las medidas cautelares dispuestas por Cormick.
El oficialismo, por su parte, lanzó cuestionamientos contra el magistrado en redes sociales, donde sectores afines al Gobierno lo vincularon con el kirchnerismo. Sin embargo, la cautelar que ordena actualizar salarios y becas fue confirmada por instancias judiciales superiores, incluida la Corte Suprema, un antecedente relevante frente a los intentos de deslegitimar la resolución por motivos políticos.
La quinta Marcha Federal Universitaria encuentra así al Gobierno frente a tres frentes simultáneos: la obligación judicial de cumplir con las actualizaciones, la presión sindical por una recomposición salarial y la movilización de una comunidad educativa que exige recursos para sostener el sistema público. El conflicto ya no se limita a una discusión sobre partidas presupuestarias: pone en juego el cumplimiento de las leyes aprobadas por el Congreso y la capacidad de la Justicia para hacer efectivas sus decisiones frente al Poder Ejecutivo.
Con información de Página 12 / Imagen: NA / Redacción: La Rosca
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