Una marcha que reunió los descontentos y broncas hacia el Gobierno por el ajuste

La quinta Marcha Federal Universitaria dejó una contundente señal política al Gobierno de Javier Milei: la defensa de la universidad pública trascendió las aulas y se convirtió en una expresión amplia de rechazo al ajuste, al deterioro de los derechos sociales y al avance de una política que enfrenta al Poder Ejecutivo con el Congreso y la Justicia.
 

La movilización reunió a estudiantes, docentes, autoridades universitarias, sindicatos y organizaciones sociales, junto con ciudadanos que se sumaron de manera independiente. Bajo las consignas de educación, soberanía y democracia, la protesta incorporó las demandas de jubilados, personas con discapacidad y otros sectores afectados por las políticas económicas del oficialismo.

El principal cuestionamiento apuntó al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y respaldada por fallos judiciales que ordenaron su aplicación. En un documento conjunto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y las principales organizaciones gremiales denunciaron la decisión del Ejecutivo de desconocer normas con las que no está de acuerdo y advirtieron sobre una voluntad de gobernar al margen de las atribuciones del Poder Legislativo.
 

La jornada también estuvo marcada por la caída de una sesión parlamentaria por falta de quórum y por el operativo de seguridad desplegado en las inmediaciones del Congreso. El uso de gases lacrimógenos, carros hidrantes y balas de goma obligó a interrumpir anticipadamente el acto central. Las imágenes de la represión profundizaron las críticas al Gobierno, mientras los manifestantes denunciaron una respuesta desproporcionada frente a una convocatoria mayoritariamente pacífica.
 

El conflicto universitario se transformó así en un nuevo frente de disputa política para Milei. Mientras la Casa Rosada insiste con el ajuste presupuestario y nuevas exigencias de auditoría sobre las universidades, la comunidad educativa reclama que se cumpla la ley y advierte sobre las consecuencias del desfinanciamiento para la investigación científica, los hospitales universitarios y la formación de las nuevas generaciones.
 

La movilización dejó una conclusión que excede el debate presupuestario: frente a un Gobierno que confronta con las instituciones y responde con represión a la protesta social, la universidad pública volvió a funcionar como punto de encuentro de distintos sectores. La multitudinaria convocatoria mostró que el ajuste no solo tiene consecuencias económicas, sino que también alimenta una disputa por el modelo de país, la vigencia de los derechos y la calidad de la democracia

Con información e imagen de Página 12 / Redacción: La Rosca