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Sábado 17 de octubre de 2026 | Santiago del Estero, Argentina
Actualidad
Sábado 17 de octubre de 2026
La represión desplegada durante la quinta Marcha Federal Universitaria volvió a poner bajo cuestionamiento el accionar de las fuerzas de seguridad del Gobierno de Javier Milei. Pese a que la ministra Alejandra Monteoliva calificó a los manifestantes como “los mismos violentos de siempre”, organismos de derechos humanos denunciaron disparos con balas de goma, gases lacrimógenos, embestidas con camiones hidrantes y detenciones durante una movilización que reclamaba el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), unas 550 personas requirieron asistencia durante el operativo, en el que se habrían utilizado al menos 120 granadas de gas lacrimógeno. La violencia también alcanzó a trabajadores de prensa: el fotógrafo de Página/12 Guido Piotrkowski recibió dos impactos de bala de goma en el tórax, mientras que Laura Quispe, de TeleSISA, sufrió nueve impactos y debió ser atendida en el Hospital Ramos Mejía. Un relevamiento citado por la CPM contabilizó lesiones o afectaciones en alrededor de 50 trabajadores de prensa y 15 integrantes del organismo.
La jornada también dejó detenidos a dos estudiantes del Colegio Nicolás Avellaneda, de 14 y 17 años, además de cuatro personas adultas. Según los organismos que intervinieron para reclamar su liberación, los arrestos se produjeron durante la desconcentración y en zonas alejadas del escenario principal. El Comité Nacional de Prevención de la Tortura advirtió sobre un uso abusivo y desproporcionado de la fuerza y señaló que documentaba posibles vulneraciones de derechos.
Frente a estos hechos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto con más de 40 organizaciones estudiantiles, sindicales y de derechos humanos, solicitó la intervención de relatorías de Naciones Unidas y del Comité de los Derechos del Niño. Por su parte, la CPM presentó una denuncia penal contra integrantes de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía de la Ciudad, al considerar que el operativo debe ser investigado judicialmente.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad impulsó una denuncia en los tribunales de Comodoro Py por presunta resistencia y atentado a la autoridad, lesiones y daños. La presentación, promovida por funcionarios de la cartera que conduce Monteoliva, quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 6, subrogado por Daniel Rafecas. El contraste entre la ofensiva judicial del Gobierno y las denuncias de los organismos de derechos humanos abre un nuevo foco de controversia sobre los límites del accionar policial y las garantías para ejercer el derecho a la protesta.
La represión se produjo mientras estudiantes, docentes y trabajadores reclamaban que el Ejecutivo cumpliera con la ley aprobada por el Congreso y con los fallos judiciales vinculados a su aplicación. Las denuncias por las heridas sufridas por manifestantes y periodistas, junto con las detenciones registradas, colocan bajo escrutinio la política de seguridad del Gobierno y plantean la necesidad de esclarecer las responsabilidades por lo ocurrido.
Con información de Página 12 / Imagen: Emiliano Lasalvia AFP / Redacción: La Rosca
