Biocombustibles: Diputados debate una reforma que amenaza con quebrar pymes

La reforma de la Ley de Biocombustibles abrió un nuevo frente de disputa entre las grandes aceiteras exportadoras y las pequeñas y medianas empresas que abastecen el mercado interno. La iniciativa, que obtuvo media sanción en el Senado el 17 de septiembre, será analizada en la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, donde las pymes buscarán frenar los cambios que consideran una amenaza para su continuidad.
 

El punto central de la controversia es la modificación del esquema de comercialización: el proyecto reduce el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% a un piso del 4%, mientras amplía del 0% al 6% el segmento de libre negociación, en el que podrían participar las grandes compañías exportadoras. Según la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb), este mecanismo favorecería a los grupos que controlan la materia prima y cuentan con mayor capacidad financiera, debilitando a las firmas regionales.
 

Las consecuencias proyectadas son graves para el empleo y las economías provinciales. De acuerdo con la entidad, la producción de las pymes podría caer de 902.700 a 481.440 toneladas, mientras que solo once de las 25 plantas estarían en condiciones de continuar operando. El sector advierte sobre la posible pérdida de 9.500 puestos de trabajo directos e indirectos, además del impacto sobre unas 400 extrusoras de soja y las economías de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis.
 

Federico Martelli, director ejecutivo de la Cepreb, cuestionó la posibilidad de que se avance con un dictamen mientras los representantes de las empresas exponen sus argumentos. También pidió a los legisladores que introduzcan modificaciones para evitar el cierre de establecimientos. La discusión excede la disputa empresarial: pone en juego qué modelo productivo se impulsa, quiénes acceden a las oportunidades de negocio y qué lugar ocupan las pequeñas industrias del interior frente a los grandes conglomerados económicos.
 

Las pymes presentarán una contrapropuesta que eleva el corte obligatorio al 12,5% y establece cupos diferenciados: un 5% para empresas regionales, un 2,5% para pymes del polo portuario que no están integradas a la producción de materias primas y un 5% de libre participación para las grandes aceiteras. El objetivo declarado es introducir competencia mediante licitaciones transparentes sin desarticular el entramado industrial existente.
 

La iniciativa original fue impulsada por Patricia Bullrich, entonces jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, y propone un régimen de 15 años con el argumento de promover inversiones y ampliar la matriz energética limpia. Sin embargo, sus críticos advierten que la desregulación podría profundizar la concentración del mercado y comprometer la sustitución de importaciones de gasoil, el ahorro de divisas y el desarrollo de productos derivados de la industria del biodiésel. El debate en Diputados será decisivo para determinar si la reforma incorpora mecanismos de protección para las pymes o avanza con un esquema que, según el sector, amenaza con dejar a numerosas economías regionales fuera del negocio.

Con información de Página 12 / Imagen: Primera Fuente / Redacción: La Rosca