El Ministerio de Justicia y la UCSE fortalecen la formación en justicia penal juvenil

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia y la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) firmaron este lunes un convenio para desarrollar un ciclo de capacitación sobre mediación penal juvenil y prácticas restaurativas. La iniciativa busca fortalecer las capacidades de los agentes que intervienen en el nuevo Régimen Penal Juvenil, en un área donde la formación profesional y la coordinación institucional resultan fundamentales para dar respuestas a una problemática de profundo impacto social.
 

El acuerdo fue rubricado por la ministra de Justicia, Matilde O’Mill, y el decano de la Facultad, Gabriel Ávila, durante un acto realizado en la sede ministerial. También participó el rector de la UCSE, Luis Lucena, en una instancia que reafirma la articulación entre el Estado provincial y el ámbito académico para abordar los desafíos de la justicia juvenil.
 

La capacitación se desarrollará a lo largo de 12 encuentros, con un equipo académico integrado por especialistas. La Facultad otorgará las certificaciones correspondientes a quienes cumplan con los requisitos establecidos, en el marco de una propuesta orientada a brindar herramientas para el abordaje interdisciplinario de los conflictos penales que involucran a jóvenes.
 

La iniciativa se inscribe en el convenio marco de cooperación académica y asistencia institucional firmado por ambas instituciones en julio de 2022, y profundiza una línea de trabajo conjunto que vincula la producción de conocimiento con la gestión pública. En este contexto, la mediación y las prácticas restaurativas adquieren relevancia como herramientas para explorar respuestas que contemplen la responsabilidad por los hechos, la reparación del daño y las particularidades de cada situación.
 

Más allá de la capacitación, el desafío será traducir estos conocimientos en prácticas institucionales concretas que contribuyan a mejorar las intervenciones del sistema de justicia juvenil. La consolidación de políticas sostenidas, con personal preparado y criterios interdisciplinarios, será clave para compatibilizar la responsabilidad ante la ley con la protección de derechos y las posibilidades de reintegración social de los jóvenes.