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Miércoles 21 de octubre de 2026
La causa Malvinas volvió al centro de la discusión política y económica. Mientras La Libertad Avanza frenó el debate en comisión de la Ley de Soberanía Nacional, que contempla sanciones para empresas vinculadas al proyecto británico de explotación petrolera Sea Lion, el peronismo impulsa una iniciativa para retirar beneficios fiscales a compañías chilenas que operan en la Argentina.
El proyecto fue presentado por el diputado nacional de Unión por la Patria, Guillermo Michel, en respuesta a la decisión de las autoridades chilenas de restablecer la ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, una conexión que genera cuestionamientos por su relación con los intereses económicos británicos en el archipiélago. La propuesta apunta a revisar las ventajas tributarias otorgadas a empresas de capitales chilenos que desarrollan actividades en territorio argentino.
“Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país”, sostuvo Michel. El legislador afirmó que la iniciativa no pretende romper las relaciones diplomáticas, sino establecer consecuencias económicas frente a decisiones que, desde su perspectiva, perjudican los intereses argentinos en la disputa de soberanía.
La propuesta contempla dejar sin efecto el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones, aprobado mediante la Ley 24.342, y el convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, establecido por la Ley 27.274. Su eventual implementación podría modificar las condiciones tributarias de numerosas compañías chilenas que invierten en la Argentina.
Entre las empresas que podrían verse alcanzadas por cambios de esta naturaleza se encuentra Cencosud, uno de los principales grupos comerciales de capitales chilenos en el país, con presencia en distintas cadenas de supermercados y una estructura laboral que supera los 15.000 trabajadores. También aparece la Compañía Cervecerías Unidas (CCU), dedicada a la producción y comercialización de bebidas, que según datos difundidos en 2022 generaba alrededor de 1.800 empleos directos en la Argentina.
Otro caso es el de Celulosa Arauco, con actividad forestal en Misiones, donde se le atribuyen aproximadamente 1.200 empleos directos y 3.000 indirectos. A su vez, Embotelladora Andina, vinculada al sistema Coca-Cola, cuenta con operaciones en el mercado argentino. El sector vitivinícola también podría quedar bajo análisis, con firmas como Trivento, Finca La Celia y Bodega San Juan, que desarrollan actividades productivas en Mendoza.
La discusión plantea un dilema que combina soberanía, política exterior, inversiones y empleo. Por un lado, el reclamo argentino por Malvinas constituye una política de Estado y la defensa de los recursos naturales del archipiélago tiene implicancias estratégicas y económicas. Por otro, cualquier modificación de los acuerdos tributarios podría repercutir sobre empresas que producen, comercializan y generan puestos de trabajo en distintas provincias.
En ese contexto, el debate no se limita a la conveniencia de aplicar sanciones, sino que también exige evaluar su alcance jurídico, su efectividad para modificar las decisiones comerciales de Chile y sus posibles consecuencias para la economía argentina. La cuestión central será determinar qué instrumentos pueden utilizarse para defender los derechos soberanos sin perder de vista el impacto sobre la producción y el empleo.
Mientras el oficialismo mantiene frenado el tratamiento de la Ley de Soberanía Nacional en comisión, la iniciativa de Michel vuelve a exponer las diferencias políticas sobre cómo responder a los movimientos económicos vinculados con Malvinas. La defensa de la soberanía vuelve a cruzarse con los intereses comerciales y laborales, en una discusión que exige decisiones concretas y una estrategia nacional sostenida.
Con información e imagen de Mundo Gremial / Redacción: La Rosca